En los últimos días he visitado frecuentemente el Hospital Virgen del Camino, en Iruñea. La privatización de sus cocinas sigue siendo el tema más comentado en los pasillos. Para quien no conozca la historia, la resumo: el Gobierno de UPN decidió calzarse el servicio que proporcionaba los alimentos en el complejo hospitalario y entregárselo a una empresa de catering, llamada Mediterránea. Obviamente, se escudaba en el ahorro. En el “no podemos gastar lo que no tenemos” que me revienta el higadillo. Desde entonces, Yolanda Barcina y los suyos se han pasado las quejas de afectados y profesionales por el arco del triunfo. Lo mismo daba que fuesen médicos y enfermeras que pacientes. Ellos, soberbios. Incluso después de aparecer filetes de pescado achicharrado que parecían extraidos de un autobús en el Boulevard de Donostia en 1997. O de comprobarse cómo con las pétreas albóndigas, si se lanzaban con fuerza, podría perforarse el casco de un antidisturbios. Como si nada de esto ocurriese, desviaron la atención hablando de “sabotajes internos” e insistieron en que, pese a gastar menos, la calidad sigue siendo la misma.
Y por ahí sí que no paso. El argumento de “optimizar recursos para mantener el servicio” que repite insistentemente la derecha española es una de las partes más cínicas de este gran tocomocho. Sobre todo, porque quien “optimiza” los recursos son empresas privadas. Y quienes perdemos, usuarios y trabajadores. Es decir, todo el mundo.
Pongamos el ejemplo de las cocinas. Imaginemos que la administración paga 100 por un servicio público encargado de preparar y servir unos alimentos tan específicos como los que reciben los pacientes de un hospital. Que esto no es el rancho de uno de sus cuarteles. Imaginemos que no tiene dinero y que asegura que hay que apretarse el cinturón. Imaginemos que, a partir de ahora, solo abonará 70.
Siempre podría recortarse de otras partidas, mucho menos relevantes que la Sanidad. Por ejemplo, el TAV o las grandes obras públicas. Sin embargo, hagamos un ejercicio de economía ficción e imaginemos que no existe otra alternativa que cargarse esos 30. Ante esa imposible situación, el Gobierno podría elaborar un estudio sobre cómo mejorar el servicio para adecuarse a estas dificultades financieras. Presentar planes de reestructuración. Devanarse los sesos. Pero no. Lo que hace es sacar un concurso por 70 y que sea la empresa la que decida cómo lo gestiona. Y aquí está la trampa. Porque el Ejecutivo habla de un ahorro de 30 y alaba a la compañía por su eficiencia. Sin embargo, obvia deliberadamente que, en la jugada, entra un tercer elemento: el dueño de la empresa de cátering, que también quiere sacar sus beneficios. Nadie se mete en esto por altruismo. Así que la situación queda de esta manera: antes, teníamos 100 en gastos de personal, materias primas y demás variables. Ahora, 70 para lo mismo, más las plusvalías de la empresa. Con lo cual, el recorte no es de 30, sino de de 30 más lo que se embolse el intermediario.
Repito: nadie se mete en negocios para regalar los fondos. Así que sacaremos la lógica que, de esos 70, hay una parte que, por narices, deberá de ir a sus bolsillos. ¿De dónde se recorta? De todo. Más, incluso, que si solo se hubiesen eliminado esos 30 del servicio público para el que, supuestamente, no había fondos. Con el drama añadido de que la perspectiva de la administración debería estar basada en el bien común, mientras que la empresa únicamente piensa en su propio ombligo.
¿Cuáles son las consecuencias? Se ofrece un peor servicio, con trabajadores en situación de mayor precariedad, más horas y menores sueldos. Mientras, hay alguien, el intermediario, que antes no ganaba y que ahora se embolsa un dinero que todos pagamos con nuestros impuestos.
Este es el capitalismo.
Que no vengan con cuentos. A esto se le llama saqueo. Que se empieza por las cocinas y terminamos conectando el ordenador del médico a la central de Recursos Humanos y advirtiendo de que más de 15 minutos con un paciente supone una penalización para el doctor.
P.D. No se puede expresar el maravilloso trato que ofrecen en la sanidad pública. Lo acabo de comprobar. Y estos malnacidos, que desconocen qué se sirve en el hospital Virgen del Camino porque son más de cuenta privada en el OPUS, quieren cargarse el sistema para que sus amigotes hagan negocio. No se lo podemos permitir.