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El cónclave unionista para el pucherazo

El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha dejado clara su "voluntad política" de legalizar un nuevo pucherazo en Euskal Herria. Para ello, ha conformado un cónclave de expertos cuya misión consiste en hallar la mejor manera de encajar en la normativa lo que ya constituye una decisión política del Gobierno español. No entraré a valorar el absurdo que ya refleja el editorial de GARA de hoy. Ni los primeros detalles de una ponencia surrealista.

 

Aquí daremos un repaso googleado de algunas de las figuras que componen el sanedrín propuesto entre Interior y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Basta con analizar quién tiene la ponencia entre manos para "sospechar" (modo ironía ON) cuál será su dictamen.

 

Aquí, algunos de ellos.

 

Enrique Álvarez Conde. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí podemos ver sus opiniones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del Estatut de Catalunya pronunciadas en un campus FAES, la fundanción presidida por José María Aznar.

 

Enrique Arnaldo Alcubilla. Profesor de Derecho Costitucional en la Universidad Rey Juan Carlos. También ejerció como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP entre 1996 y 2001. Por cierto, que está imputado en una de las piezas del caso 'palma Arena', que salpica a toda la cúpula del PP en Illes Balears.

 

Francesc de Carreras y Serra. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con un pasado político vinculado al PSUC, ha terminado convertido en uno de los grandes defensores del unionismo en los Paisos Catalans, fundando, junto a otros, la plataforma electoral Ciutadans de Catalunya.

 

Javier Corcuera Atienza. Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV. También es uno de los fundadores del Foro de Ermua.

 

Esto es solo una pequeña muestra. En realidad, un grupo de expertos sirve para dar cobertura a un plan diseñado, como bien dijo Fernández Díaz, a largo plazo. No parece que debatir sobre si es lícito alterar un censo artificialmente sea uno de sus puntos del orden del día. Atendiendo a su composición y a la estrategia del Estado, lo que se discute en Madrid es cuál es la mejor fórmula para realizarlo.

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