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El problema es el tocomocho, no denunciarlo

Mariano Rajoy puso ayer énfasis en el impacto que provocan los escándalos de corrupción en la imagen exterior del Estado español. Y, con ello, en su evolución económica. Como en una versión moderna de «El Rey desnudo», el inquilino de la Moncloa, experto en dejar que el tiempo discurra sin hacer absolutamente nada y confiando en el poder curativo de la amnesia, considera que, si no se nombran, los escándalos no existen. Bajo esta lógica, denunciar los sobresueldos, la financiación ilegal y todos los excesos que sacuden al PP supone una afrenta a la ya de por sí empantanada «Marca España» que provoca, según el jefe del Ejecutivo, que se ensanche el pozo negro de la miseria. Y esto ya es el colmo del cinismo. Porque para Rajoy, lo que provoca desconfianza no es que el partido que ostenta ahora el Gobierno español se haya lucrado de fondos oscuros proporcionados por las grandes empresas, sino denunciar el tocomocho.

No obstante, Rajoy tiene razón en una cosa. El «caso Bárcenas» tiene impacto, y mucho, en la maltrecha economía española. Claro, que la omertá que reclama el jefe de Gobierno no es parte de la solución, sino del problema. Porque lo verdaderamente relevante, lo que ha lastrado las finanzas de Madrid, está en el origen, en el modelo de Estado, en las raíces de un sistema que el extesorero del PP describió con su libreta. El grueso de la trama no son los sobresueldos ni la estafa a Hacienda, que tiene su importancia. Lo que realmente inciden son los cónclaves entre empresarios y altos cargos del PP que, a cambio de suculentas propinas, delineaban la política de infraestructuras del Estado. Lo dejó bien claro Juan Miguel Villar Mir en su declaración ante el juez Pablo Ruz, cuando dijo que no se reunió con ministros para conseguir contratos, sino para concretar el Plan Hidrológico Nacional. Todavía está por aclarar el papel de esa siniestra comisión de infraestructuras que ya ha aparecido en varios testimonios. Unos encuentros donde se establecían líneas maestras que, obviamente, no se basaban en el interés general, sino en las necesidades de bolsillo de los hacendados. Y como el que paga manda, ahora nos encontramos con una larga lista de aberraciones como aeropuertos sin aviones, estaciones sin viajeros y auditorios llenos de telarañas. Esa es la «marca España», que se hunde por sí sola.

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