«Ninguno de los millones que vieron u oyeron a Mandela en aquellos primeros días de libertad pudo confundirle con un pacifista gandhiano». La cita es de «El factor humano», la obra de John Carlin en la que relata el proceso de salida de prisión del líder sudafricano hasta su llegada al Gobierno. La excarcelación de Arnaldo Otegi tras seis años entre rejas por el único delito de apostar por la política han hecho aflorar a decenas de neoexpertos en Nelson Mandela que han demostrado desconocer por completo la biografía de «Madiba». Ni siquiera se tomaron la molestia de leerse uno de los libros más simbólicos y, para su desgracia, en esta ocasión no bastaba con verse la película «Invictus». «Otegi no es Mandela», repiten, desde la extrema derecha hasta la progresía española. Claro. Es tan obvio como reconocer que el secretario general de Sortu no es negro. Lo que molesta ese unionismo cómodo en una trinchera tan bélica como anacrónica del «nosotros los demócratas» es el símbolo, lo que la salida de la cárcel de un preso político como Otegi puede inspirar. Para evitarla, caricaturizan a Mandela hasta el punto de negar algo que sí comparte con Otegi: que en un momento de su vida ambos tomaron las armas. Lo cual no impide que ambos sean referentes de la vía pacífica para la resolución de conflictos.

Si son capaces de construir un «Mandela a la carta» despojado de todo elemento que contradiga su historia «recomendada-para-todos-los-públicos» qué decir sobre la definición de «presos políticos». «¡No es un preso político! ¡Fue condenado por integración en ETA!» claman desde la derecha. «Sí que es un preso político», condecen los progresistas, que de repente se ven atrapados y tienen que responder, como autojustificándose, «pero eso no incluye a los otros 400, especialmente a los que tienen delitos de sangre». Vamos a partir de la base de que nunca en la vida un preso político ha sido clasificado como tal en el Estado que lo encarcela. Siempre hay una «justificación penal». Por eso necesitamos otras guías. Por ejemplo, lo que dice Amnistía Internacional. Según su definición, preso político es Otegi y cualquier miembro de ETA, independientemente de las acciones que haya cometido, ya que el preso político puede ser responsable de actos violentos. Otra cosa sería el «preso de conciencia». Sería interesante poder debatir sobre esto sin el temor de que cualquier lobby te meta una querella.

Ante la salida de Otegi, la derecha española se ha demostrado como fiel partidaria de la Ley del Talión. No bastaba con que el líder abertzale comiese cárcel por la cara. Era necesaria la lapidación pública. En la progresía, sin embargo, han preferido plantarse con cara digna y clamar a los cuatro vientos que «no vamos a aplaudirle». Hombre, pues después de seis años y medio de prisión por la cara, algo más que una palmadita en la espalda cargada de veneno uno ya podría esperar. Parece que lo que quisieran es que los independentistas vascos cargásemos con las injusticias que se perpetran sobre nosotros en silencio, sin molestar demasiado, no vaya a ser que encima tengan que protestar contra el Gobierno de turno por su insistencia en convertirnos en «mártires». Ellos, pobres víctimas. Qué les obligamos a hacer. Así se entiende que hasta el presentador más «progre» considere que el «perdón a las víctimas de ETA» sea la excusa «sine qua non» a la hora de hablar de un represaliado. Por cierto, que son los mismos que luego se escandalizan cuando se menta a los GAL. Y eso que todos los responsables políticos del PSOE fueron indultados.

Mientras que sigamos disfrazando el intento de ganar políticamente bajo un manto de hipócrita barniz moral lo tenemos jodido para empatizar. Sin embargo, quedémonos con lo bueno. Hay quien ha dado la cara mucho más de lo que podíamos imaginarnos hace algunos meses. Un nuevo escenario que Otegi ha contribuido a impulsar.