Hay sujetos de proyección pública para los que los acontecimientos en torno al llamado Procés son terrorismo y atentado contra los derechos humanos (refiero, como ejemplos, al intento de corte de tráfico aéreo del aeropuerto de El Prat y a manifestaciones y concentraciones en vía pública. En ningún caso la represión judicial y policial, claro está). Esos mismos sujetos califican de “derecho a la defensa” la actuación del Estado de Israel sobre la población gazatí. La muerte de 1.200 israelís a manos de Hamás es un acto de barbarie terrorista y por el contrario los por el momento más de 25.000 habitantes de Gaza muertos son un acto democrático de defensa. El Estado de Israel se ha visto obligado a defenderse de los más de 10.000 niños y niñas terroristas que le atacaban desde sus casas o desde escuelas y hospitales donde hacían como que se refugiaban. Ahora la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas no exige a Israel que no bombardee, sino que no cause genocidio al hacerlo. Que mate flojito. Lo que parecía ser una ofensiva de un ejército de ocupación ha resultado ser una “defensiva” para proteger a los indefensos colonos del pueblo elegido por Dios. Hay sujetos con toga, muchos, con dificultades para percibir cierta clase de delitos de clase, valga la redundancia. Ningún juez vio indicio alguno de delito que hiciera abrir diligencias con relación a la fabricación de pruebas falsas por parte del Ministerio del Interior español contra oponentes políticos. La utilización de los aparatos del Estado, el uso del dinero público de los fondos reservados y la implicación de policías, medios de comunicación y jueces pasó desapercibida a ojos de los llamados a impartir justicia en los tribunales españoles, pese a las denuncias recibidas. Inconcebible que un católico ministro español con ángel de la guarda incorporado, alertado por Benedicto XVI de los ataques del Diablo contra España mediante los independentistas catalanes (sic), cometiera delito alguno. Y menos en España, una democracia plena. De mierda.
