Los negociadores del Parlamento Europeo, de los Veintisiete y de la Comisión Europea han cerrado esta pasada madrugada un acuerdo político sobre la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) que regulará las medidas contra contenidos ilegales difundidos en Internet y pondrá coto a la desinformación online.

El acuerdo europeo sobre esta inmensa pieza legislativa, que complementa a la ya aprobada sobre los mercados digitales, llega casi año y medio después de que Bruselas presentara su primera propuesta en diciembre de 2020 y trae nuevas obligaciones para plataformas de servicios en internet usadas por cientos de millones de personas en la UE.

La DSA se aplicará a todos los intermediarios online que presten servicios en la Unión Europea y afecta particularmente a gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Meta (la matriz de Facebook) o Twitter –identificados en el acuerdo como «las grandes plataformas y servicios digitales»– que, a partir de ahora, tendrán que llevar a cabo un análisis anual «encaminado a reducir los riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales o la manipulación de servicios con impacto en los procesos democráticos y la seguridad pública».

Son miles de empresas que a partir de ahora deberán contar con un representante europeo si operan en territorio comunitario y quedarán bajo el paraguas de este nuevo paquete legislativo, que busca ser un nuevo estándar global contra la proliferación de contenidos ilegales, desinformación y la opacidad de los algoritmos que regulan el contenido de las redes sociales.

Los auténticos gigantes tecnológicos, unas treinta empresas usadas por más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, estarán bajo supervisión directa de la Comisión Europea y tendrán que abonar una tasa anual del 0,05% de sus ingresos globales para financiar esta vigilancia, para la cual Bruselas contratará nuevos expertos en el sector.

Estos gigantes tecnológicos tendrán que analizar anualmente sus riesgos sistémicos y actuar para reducirlos, en especial los contenidos ilegales con efectos adversos sobre los derechos fundamentales, procesos democráticos, la seguridad pública, la violencia de género y los menores, y con consecuencias graves para la salud física o psíquica de los usuarios.

Las principales herramientas para disuadir a los gigantes digitales de su cumplimiento serán las multas, de hasta el 6% de la cifra de negocios global de la empresa infractora.

La nueva norma también prevé, en el caso de repetidas violaciones graves de los requisitos, una prohibición de operar en territorio europeo.

Moderar los contenidos

Las empresas digitales estarán obligadas a moderar los contenidos que se publican en ellas con «recursos adecuados» y a eliminar aquellos ilegales, algo que hasta ahora dependía de un código de buenas prácticas no vinculante y al que las empresas se sumaban de manera voluntaria.

También se incluyen nuevas garantías para que estos avisos se procesen de manera no arbitraria y no discriminatoria, así como para que los consumidores puedan comprar productos o servicios en línea bajo controles más estrictos sobre la identidad de los comerciantes.

Publicidad y algoritmos

La ley prohibirá la recopilación de datos sobre raza, religión, orientación sexual u otros asuntos sensibles para dirigir la publicidad, así como los anuncios dirigidos a menores o los llamados «patrones oscuros», tácticas de diseño de la interfaz dirigidas para engañar al usuario y que acepte que se rastree su información.

Según el acuerdo, los usuarios dispondrán de un procedimiento más claro para informar de contenido ilegal online y las plataformas tendrán que actuar con rapidez para retirarlo, además de informar al denunciante de las acciones que ha llevado a cabo.

El usuario tendrá derecho a que se le ofrezca al menos una opción no basada en el rastreo de su perfil para elegir cómo se le recomienda el contenido, que debe mostrase igual de claramente que las que sí emplean datos del usuario.

Las plataformas más grandes, como Facebook o Twitter, deberán dar a la Comisión y a las autoridades de los estados miembros acceso a sus algoritmos y, en general, los servicios digitales tendrán que ser más transparentes sobre cómo se determina la información que llega a cada usuario, revelando por ejemplo si usan filtros o automatizan la moderación de sus contenidos.

Mecanismo de emergencia en caso de crisis

La negociación entre las instituciones europeas, cuyas etapas finales han coincidido con la invasión rusa de Ucrania, introdujo un nuevo concepto que no figuraba en la propuesta inicial: un mecanismo en caso de crisis que Bruselas puede activar a recomendación de los expertos de los Estados miembros.

Esto permitirá analizar el impacto de las actividades de las grandes plataformas en la crisis en cuestión y requerirles acciones para limitar cualquier amenaza urgente durante tres meses.

Bruselas lleva advirtiendo desde antes del comienzo de la guerra en Ucrania, así como hizo durante la crisis del coronavirus, del riesgo de la expansión de la desinformación online y la manipulación de la realidad, un fenómeno que quiere atajar con la nueva Ley de Servicios Digitales.

Una vez cerrado el acuerdo entre los negociadores del Consejo (los países) y el Parlamento, ambas instituciones tendrán que revisar y dar luz verde de nuevo al pacto final, que entrará en vigor o bien quince meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE o bien el 1 de enero de 2024.