Los abusos de las eléctricas

Los problemas de las compañías de luz y gas frente a sus clientes, y viceversa, no cesan, y es que los malos hábitos son muy difíciles de cambiar. Históricamente, desde la liberalización del sector, vienen sucediendo episodios lamentables con las susodichas que son vergonzosos para los sucesivos gobiernos. Para no extendernos, entre el 2013-14 ya el Alto Tribunal de Justicia europeo dictó sentencia (Sala cuarta, 23 de octubre de 2014) señalando que las directivas sobre mercado interior de gas y electricidad «obligan a los Estados miembro a garantizar un nivel de protección elevado de los consumidores en relación con la transparencia de las condiciones contractuales». Y es que también los búlgaros habían dicho “basta” por la subida de la luz en febrero de 2013, que mandó a casa a un gobierno intocable.

Hasta el presente las cosas no han cambiado, a lo más se ha dado algún que otro toque de atención, como el protagonizado por la CNMC advirtiendo que «las comercializadoras de electricidad y gas están obligadas a vigilar la actuación de sus agentes para evitar abusos y fraudes», (IS/DE/034/24). En clara referencia al incumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones que desde junio de 2023 marca, por ejemplo, que «las personas usuarias tienen derecho a no recibir llamadas con fines comerciales, salvo que exista consentimiento previo», o incumplir los requisitos de información exigibles en las facturas eléctricas.

De nada vale contar con directivas y normativas, a las poderosas empresas electro-gasistas no les importa. Así que menos puestas en escena de reprimendas y advertencias. Sí se ha puesto una nueva Ley (que está al caer), pero por lo que conocemos no hay un capítulo claro de sanciones, así que las personas usuarias seguiremos indignadas.