«El electorado mexicano no castiga en las urnas la persistencia de la violencia; es parte de nuestra tragedia como sociedad»

Santiago Aguirre (Ciudad de México, 1981) es un abogado especializado en Derechos Humanos cuya trayectoria discurre en paralelo al horror instalado en México tras la denominada “guerra al narcotráfico” impuesta por el expresidente Felipe Calderón en 2006. En los últimos años, Santiago Aguirre dirigió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un grupo vinculado a la Compañía de Jesús y que se convirtió en el principal referente de las víctimas de la violencia en México, dando asesoramiento legal en casos relevantes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La entrevista tuvo lugar a finales de 2025, pero el año ha arrancado con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a manos del Ejército de Estados Unidos y la intervención de Donald Trump en el país caribeño. Su reflexión: «el mundo es un lugar peor».

¿Qué sensación le queda en términos de Derechos Humanos de la situación actual en México? Yo lo resumiría como una sensación de expectativas defraudadas. A mi generación le tocaron dos hitos muy importantes. Por un lado, la reforma constitucional de 2011 (con el conservador Felipe Calderón como presidente), que fue muy importante para abrirle la puerta al derecho internacional en México. Después, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Esas dos cosas juntas abrieron altas expectativas para que México pudiera avanzar más en Derechos Humanos y empezar a atender una crisis de violencia que había ya durado mucho tiempo, desde que Calderón intensificó el combate frontal contra las organizaciones macrocriminales en 2006. Aunque hoy sabemos que fue a medias porque dentro del Estado estaban esas mismas organizaciones.

El descontento con el PRI y el PAN llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador y, ahora, a Claudia Sheinbaum, como representantes de la denominada Cuarta Transformación. Actualmente hemos tenido un cierto avance en derechos sociales, que es relevante para un país muy desigual. Pero ha venido a costa de toda la agenda de justicia, de derechos civiles y de derechos políticos. El primer gobierno de la izquierda en México no se hizo cargo de la herencia de la represión del pasado en la década de los 70 (del siglo XX) contra la disidencia política, tampoco de los desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico. Terminó impulsando una reforma judicial que les da mucho control político sobre la judicatura y anunciando una reforma política que parece poco abierta a la pluralidad del país. Y, sin embargo, son gobiernos muy populares. Es un momento de recesión para los Derechos Humanos a nivel global. Tienes a (Donald) Trump en Estados Unidos, tienes a (Nayib) Bukele en El Salvador. No es un buen momento en general para los Derechos Humanos. Como contrapunto de esperanza, me tocó estar en el Centro Pro en un momento en el que se fue acumulando mucha fuerza en la movilización de las víctimas de la violencia en México, en la movilización de las mujeres y en algunas movilizaciones de pueblos indígenas.

Las cifras desde que Calderón declarase esa mal llamada «guerra contra el narco» son terroríficas. Al menos 400.000 muertos, más de 130.000 desaparecidos… y, sin embargo, parece que se llegó a un agotamiento de las reivindicaciones por justicia de las víctimas. Las organizaciones están debilitadas, las colectivas de buscadoras siguen trabajando, pero el Gobierno, especialmente tras López Obrador, considera que estas demandas son un golpeteo en su contra. ¿Cómo observa esta posición del oficialismo? Creo que esa es una de las derivas más tristes del obradorismo: haber encasillado a las voces de las personas que seguían hablando de la persistencia de la violencia o de la falta de justicia y de verdad para los desaparecidos como opositores. Y creo que demuestra una pulsión autoritaria, de poca receptividad a voces que enarbolan causas que exceden a la polarización partidista. Si miras atrás, Calderón y Peña Nieto a lo mejor no tenían esa retórica descalificadora de las víctimas y organizaciones, pero en el fondo muchos de sus funcionarios pensaban lo mismo: que no era tan grave lo de los desaparecidos, que las organizaciones de Derechos Humanos exageraban. El presidente López Obrador agudizó esta tendencia y mucho me temo que en esa senda marcha la presidenta (Claudia) Sheinbaum. A ella le podemos reconocer muchas cosas, como su aplomo frente a (Donald) Trump. Pero en este tema en particular no ha traído ninguna novedad.

La llegada de la izquierda al Gobierno de México fue una esperanza. López Obrador se comprometió con las víctimas y llegó a construir una institucionalidad diferente en asuntos como los desaparecidos o los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero luego dio un cambio. ¿Qué ocurrió? El compromiso duró tres años, no los seis que duró su Gobierno. Creo que tuvo que ver con tres cosas. Primero, se subestimó el problema. Hubo un mal diagnóstico sobre el tipo de violencia que había en el país y una sobreestimación de lo que una alternancia política podría significar para el descenso de esa violencia. Segundo, el presidente López Obrador se fue comprometiendo demasiado con sectores que están involucrados en violaciones a Derechos Humanos: el Ejército por un lado y, por otro, la Fiscalía General de la República. Y tercero, la propia dinámica electoral, porque las violencias son tan profundas que no te alcanza un ciclo electoral para atenderlas. Y el presidente López Obrador, sobre todo, es una máquina de ganar elecciones. Lo que necesitaba era llegar al cierre de su sexenio mostrando resultados y cifras positivas. Y ahí este tema se le indigestó. En el tema de desaparecidos, creo que los referentes de comprensión del fenómeno de la izquierda no le están permitiendo entender el momento presente. Ellos vienen de una tradición política donde los desaparecidos lo eran por el Estado, por ser opositores políticos en un contexto de régimen autoritario, por órdenes de los mandos altos del Ejército o del partido político hegemónico. Cuando la izquierda llega al poder, sienten que resuelven el tema diciendo, «nosotros ya no damos órdenes para desaparecer a nadie».

Lo cual es verdad. Lo cual es verdad, pero eso no resuelve el problema porque las desapariciones que vienen ocurriendo en México en el contexto de la “guerra contra las drogas” no necesariamente dependen de las órdenes que da el presidente de la República. Dependen de dinámicas territoriales, a veces solo de los grupos criminales, a veces de esos grupos criminales actuando con la aquiescencia de poderes políticos municipales o estatales o de alcance regional que no están pendientes de las órdenes que de la presidenta.

Por otro lado, no terminaron de entender tampoco que buena parte del problema de desaparecidos en México es el rebasamiento de los servicios forenses ordinarios. Con más de 130.000 desaparecidos y con 70.000 restos o cuerpos humanos sin procesar adecuadamente, no hay que ser un genio para decir que hay que buscar cómo intentas hacer match entre estos restos y estos desaparecidos. Eso te requiere un trabajo de largo plazo, que no reditúa políticamente, porque hay que abrir fosas, sacar cuerpos, sacarles el ADN, cotejar. Y entonces, por eso ahora la ONU señala a México, crea otra vez el comité sobre las desapariciones y la izquierda mexicana contesta con desplantes autoritarios como el presidente del Senado pidiendo que se investigue a la ONU o la presidenta de Morena alimentando teorías de la conspiración e insinuando que la ONU actúa contra un gobierno de izquierdas, o la presidenta diciendo que no hay desapariciones porque no las ordena.

Aquí tiene un papel el Ejército. Hubo un hito, en 2019, cuando el exsecretario de la Defensa fue detenido en Estados Unidos y acusado de narcotráfico. Fue muy dramático ver al presidente López Obrador, inmediatamente después de la detención, decir, «en efecto, hasta acá llegó la corrupción», sugiriendo que había algo. Y dos días después diciendo que «haremos todo lo posible para rescatarlo» y haciendo una operación de Estado para que se rescatara. Yo sí creo que hubo mensajes de la cúpula militar de respaldo a Cienfuegos que el Gobierno tomó en cuenta. Al mismo tiempo, hubo otros momentos donde fue claro que el presidente optó por el Ejército. Uno fue la creación de la Guardia Nacional. A los meses el presidente nombró un general para encabezarla y esa corporación se llenó de la influencia militar. El presidente apeló mucho al origen popular del Ejército mexicano, diciendo que no es un discurso oligárquico, a diferencia de los que hay en América Latina. Creo que él sabía que apelando a esa identidad afianzaba la lealtad del Ejército hacia su proyecto político. También fue importante el hecho de que es un cuerpo donde sus órdenes bajaban muy rápido y sin ningún tipo de contradicción. Eso le dotaba de algunas figuras legales convenientes. Por ejemplo, toda la construcción del tren Maya (macroproyecto que se desarrolla en los estados del sur) se pudo hacer brincando de la normatividad ambiental apelando a la seguridad nacional y permitió que muchos documentos quedaran en la opacidad. Luego están sus simpatizantes, que dicen que buscó al Ejército porque se veía como (Salvador) Allende y pensaba que podía haber un golpe de estado y entonces tenía que tener un ejército de su lado. En su entendimiento, la única manera de dar un bajón drástico a la violencia era usando al Ejército. No le funcionó, pero lamentablemente -o paradójicamente- el electorado mexicano tampoco lo reprochó, porque el electorado mexicano, desde hace tiempo, no parece estar castigando en urnas la persistencia de la violencia. Eso es parte de nuestra tragedia como sociedad.

Usted es una voz crítica desde la defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, el Gobierno lo descalificó como opositor. ¿Se puede hacer crítica en México sin caer en la lógica del PRI y el PAN? Yo creo que sí, que tenemos que reivindicar que eso es posible. La discusión política se está reduciendo a opciones binarias entre blanco y negro. Y mi impresión es que en esas visiones siempre pierden los Derechos Humanos. Es curioso, porque algunos posicionamientos del Pro le costaban tanto el señalamiento de tibieza como de conservadurismo. No debería ser tan difícil decir que lleva razón Morena en toda la agenda social y al mismo tiempo advertir que hay un preocupante fenómeno de concentración de poder y de socavamiento al Estado Derecho por la reforma judicial y la reforma electoral inminente. Esa reforma electoral y esa reforma judicial no tienen un vínculo de necesidad con la agenda social. Entonces, tú puedes decir, «qué bueno que hay un gobierno que se haga cargo del legado de tres décadas de neoliberalismo» sin dejar de advertir que es un desastre su reforma judicial y que su reforma electoral parece que va a generar un fenómeno de mayor concentración de poder. Que no puedas hacer eso, no es más que una muestra de cómo se está deteriorando la esfera pública. En el caso de organizaciones como el Pro, la legitimidad está muy salvada porque, cuando empezó la “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón, el Pro ya advirtió de los riesgos de la militarización y lo ha seguido haciendo desde hace 20 años. Es cierto que hay oportunistas. Hay gente que acompañó todo el proyecto calderonista reivindicando que el Ejército era la salida a la inseguridad de México, que después le pareció que había que apoyar al Gobierno de Peña Nieto cuando estaba planeando crear la Gendarmería nacional y que ahora súbitamente en el sexenio de López Obrador descubrieron que hay riesgos en darle tanto poder al Ejército. Pero no es el caso de los organismos de Derechos Humanos. Su quehacer cotidiano muestra que puede haber un espacio para una crítica objetiva, no estridente ni frívola ni oportunista de lo que está pasando en México.

Su carrera ha transcurrido en paralelo a las épocas más violentas de México. ¿Cuál cree que ha sido el período más oscuro? Creo que el pico de 2010 y 2011. Esa parte fue terrible. También el peñismo después de Ayotzinapa fue muy oscuro. Pero creo que no se puede hacer una afirmación de este tipo desde la Ciudad de México. Porque en Sinaloa te dirán que nunca han estado peor que ahorita. Y si vas a Guanajuato, que nunca estuvieron peor que hace tres años. Un país tan grande, con estructura federal, con varios fenómenos de gobernanza criminal, hace que las regiones hayan vivido momentos álgidos en diferentes años. Han sido 19 años muy malos para el país en términos de violencia. Creo que, a largo plazo, más que si Morena, el PAN o el PRI, lo que a los historiadores les llamará la atención de este periodo es la gran mortandad que ha habido en México. Eso en medio de una deshumanización terrible que ha degradado mucho la vida pública del país y que no hemos podido revertir. Ojalá que realmente pueda haber una reversión de la violencia que se ha instalado en el país desde 2008. En unos años triplicamos nuestra tasa de homicidios. Y eso afecta a diferentes ciudades. Juárez, por momentos. Acapulco, por momentos. Michoacán, algunas ciudades, por momentos. Ahora, en el presente, algunas ciudades de Guanajuato o Colima. Culiacán, con una tasa altísima. Todavía no está asimilado qué significa vivir en un país con 120.000 desaparecidos. Y creo que es más importante hablar de eso que de las luchas de los partidos.

Actualmente, el Gobierno de Sheinbaum presume un descenso en el número de homicidios hasta en un 40%, pero hay voces que señalan un incremento en las desapariciones. ¿Cuál cree que es, en su opinión, la receta para poner fin a la violencia desde una perspectiva de Derechos Humanos? Por más que le doy vueltas creo que voy a hacer puros clichés en la respuesta. La crisis de violencia que vive México, al estar relacionada con los carteles del narcotráfico y su vínculo con el Estado, tiene unos componentes muy específicos. En algunos casos se asemejan a otras crisis de Derechos Humanos que ha habido en América Latina. Pero en otras aristas no se parecen. Por ejemplo, el hecho de que estos regímenes de gobernanza criminal han mostrado ser resilientes a los cambios de gobierno. Difícilmente la violencia en México descenderá si no hay tampoco una transformación de alcance internacional del paradigma de la política de drogas. Ahí está la raíz de las violencias, y tiene su responsabilidad Estados Unidos. Junto con ello, yo sí soy de los que piensa que en el largo plazo, pero en el muy largo plazo, la política social puede en efecto ser relevante para disminuir las violencias. En el corto y en el mediano plazo lo que necesitas también es un fortalecimiento de la presencia del Estado como investigador de los delitos respecto de estas redes macrocriminales. Y eso es lo que no hemos tenido en México. La política de López Obrador fue replegar al Estado bajo la lógica de “abrazos, no balazos”. Ahora la política de Sheinbaum está haciendo desplegar al Estado, fundamentalmente al Ejército y en los trabajos de coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, pero el gran ausente sigue siendo la procuración de justicia, es decir, que haya macroprocesos contra los máximos responsables de las redes criminales. Si se trata de mirar buenas experiencias frente a este tipo de violencias a nivel global, habría que mirar a las que han protagonizado fiscales que han emprendido procesos macro para identificar y llevar ante la justicia a los máximos responsables de la violencia, es decir, no a los sicarios de de base, sino a los grandes responsables. Eso tampoco está ocurriendo en México. Los principales capos enfrentan procesos en Estados Unidos, no en México. Y, al mismo tiempo, necesitas instituciones que ofrezcan servicios a las víctimas que va dejando la violencia. Más que nunca es importante escuchar voces alternativas, porque en lo inmediato mucho me temo que lo que más adeptos va a generar es el modelo Bukele.

Usted abandona la dirección del Pro tras acompañar durante una década a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Cómo se siente al dejar su responsabilidad sin conocer el paradero de los jóvenes? Es una sensación de mucha tristeza, de mucha derrota. Este es un caso que logró sacudir la conciencia de un país que estaba muy adormecido frente a la violencia. Al final, terminó siendo un caso que mostraba lo que no ha cambiado en México. Eso fue muy frustrante. Pero, al mismo tiempo, ves a los familiares y los ves con entereza, con dignidad. En estos años recibieron muchas presiones de bajar el tono de su reclamo frente a un gobierno de izquierda que les estaba abriendo la puerta. Y creo que ellos, como muchas víctimas en México, dan una gran lección de dignidad al mantener sus luchas más allá de las coyunturas políticas. Es cierto que sectores que antes los acompañaban ya no les acompañan en sus marchas. Pero la fuerza de movilización de los familiares es más de corazón que de coyuntura política. Van a seguir al margen de quién esté gobernando y creo que parte del trabajo de Derechos Humanos en México hoy tiene que ser amplificar sus voces, porque si no, se quedan muy muy solos.

La llegada al Gobierno de López Obrador supuso un cambio en la forma de abordar la desaparición de los 43, pero terminó con gran tensión. ¿Qué ocurrió? Hubo una apuesta muy importante para que las cosas avanzaran. Entramos con las familias el 3 de diciembre al Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Ahí la sensación era que las cosas iban a cambiar. Los tres primeros años hubo distintos esfuerzos que iban en el sentido adecuado, con rezagos, con contradicciones, lo que quieras, pero que iban bien. Pero yo creo que hubo un momento donde se acabó la voluntad política. Cuando los expertos internacionales presentan unos vídeos de la Marina en sus avances, se generó una dinámica no ya con estos vídeos de la Marina, donde se mostraban algunas actividades de la Marina no de colaboración, sino de una suerte de competencia entre el Gobierno de López Obrador y la cooperación internacional de Derechos Humanos. Y el Gobierno de López Obrador entró en una dinámica de querer demostrar resultados por su cuenta, sin considerar todo lo que ya desde el periodismo, desde los expertos, desde otros lados, se sabía del caso. En el verano de 2022 se toma la decisión de presentar un informe. Este marca un quiebre en el caso porque lo que se presenta no tenía sostén. El presidente opta por el Éjército y empieza a desconfiar de todo el mundo. Poco después sale el fiscal, poco después sale el subsecretario de Derechos Humanos, se piden unas capturas, se cansan y ya hay una descomposición.

Entonces empiezan sus disputas con López Obrador. Creo que se cocinó desde antes porque al presidente le molestó que después del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, buenos amigos, gente que trabajaba con los más pobres en una de las zonas más olvidadas del país, después de que los mata un sicario y no hay justicia, la compañía de Jesús denuncia que hay impunidad en el caso y que maten a dos curas dentro de la iglesia, dos curas de 80 años, era una muestra que la violencia persistía en el país. Eso le pareció al presidente López Obrador un ataque contra su persona. Y desde ahí su percepción del trabajo del centro Pro como obra social de los jesuitas disminuyó mucho.

Se ha extendido la idea, no solo en México, de que las organizaciones de Derechos Humanos trabajan con una agenda extranjera. Ocurre en Estados Unidos, en El Salvador... Es un discurso que se ha recrudecido mucho en el presente. Vemos en distintos países que se han aprobado leyes de agentes extranjeros para impedir e incluso el financiamiento internacional. Y, en efecto, puedes encontrar algunas organizaciones que se presentan como de sociedad civil, detrás de las cuales más bien puede haber algún interés empresarial. Pero la comunidad de Derechos Humanos en México es más o menos compacta. Ha hecho un trabajo muy relevante en los últimos 30 años y en particular los últimos 15 de violencia exacerbada. Si tú vas a los estados, los que están acompañando a las víctimas, visibilizando la impunidad, son casi siempre proyectos de Derechos Humanos chiquitos, muy comprometidos, muchas veces cercanos a la Iglesia Católica progresista. Y en un país como México, efectivamente, tienen alta dependencia respecto de la cooperación internacional.