Todas las personas que abarrotaron ayer la sala del Palacio Euskalduna donde Lokarri organizó el acto de presentación de los estatutos para la creación de un nuevo partido de la izquierda abertzale llegaron a una misma conclusión: los ilegalizadores han quedado desarmados de razones jurídicas. Al margen de las consideraciones sobre la base democrática de la Ley española de Partidos Políticos, está claro que estos estatutos la cumplen con creces.

Rufi Etxeberria ha hecho la lectura política del paso histórico dado por la izquierda abertzale, mientras que Iñigo Iruin se ha encargado de la explicación jurídica y didáctica de los estatutos. El primero ha recordado que la izquierda abertzale ha renovado sus fundamentos estratégicos y organizativos después de dos años de debate interno, y el segundo ha detallado cómo se ha ajustado eso a la ley para poder contar con un nuevo partido legal.

«¿Qué exigen los tribunales?»

Iñigo Iruin ha comenzado su intervención con la pregunta clave: «¿Qué exigen los tribunales españoles a la izquierda abertzale para ser legalizada?».

Tomando como base la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la interpretación de la Ley de Partidos, y en concreto el auto que no admitió la inscripción de ASB en 2007, el abogado concluye que se reconoce a las personas de la izquierda abertzale la posibilidad de crear un nuevo partido «siempre que no constituya una continuación o sucesión de los partidos ilegales y disueltos». Pero, además, a modo de demostración de inocencia o «contraindicio», se le exige «una actitud de condena o rechazo del terrorismo» y, en concreto, «a una determinada manifestación de violencia, la llevada a cabo por la organización ETA».

Iruin sostiene que «la toma de postura frente a la violencia de ETA se ha convertido así en un problema constituyente para la izquierda abertzale, que ha de resolver para adquirir personalidad jurídica».

Una vez que la izquierda abertzale tiene adoptada la decisión estratégica de apostar por las vías exclusivamente pacíficas y democráticas y de rechazar la violencia, la cuestión era cómo expresarlo en los estatutos para acabar con las excusas de los ilegalizadores.

Un partido nuevo

Atendiendo a la reciente reforma legal, lo que se pide a los electos es el «rechazo» y la «separación», no la «condena». Ése es, por tanto, la fórmula elegida en los estatutos.

La nueva formación rompe explícitamente en sus estatutos con los modelos organizativos anteriores y también con los partidos ilegalizados o disueltos. Por tanto, no cabe hablar de continuidad. Es un proyecto organizativo nuevo y distinto tanto en su estructura interna como en su actividad externa.

Para que ello quede claro, se expresa el «rechazo de las diferentes formas de manifestación de la violencia y el terrorismo, tal y como legislativamente han sido definidas en los diferentes apartados del Artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos». Y, por cierto, será motivo de expulsión de cualquier militante realizar alguna de las conductas recogidas en ese mismo artículo.

En el texto se subraya también que «la configuración estructural y funcional del nuevo partido está orientada a impedir la realización de actividades que lo conviertan en instrumento de continuación o sustitución orgánica o funcional de los partidos políticos ilegalizados y disueltos en virtud de las sentencias de la Sala Especial del Artículo 61 L.O.P.J. del TS».

Rechazo a la violencia de ETA

Los estatutos también recogen que «el nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas».

Y, en sintonía con el Acuerdo de Gernika, se desea contribuir «a la definitiva y total desaparición de cualquier tipo de violencia, en particular, la de la organización ETA».

Iruin ha concluido que «el Gobierno español debe atenerse a estrictos criterios de legalidad; la razón jurídica ha de ser la única que guíe su decisión a partir del próximo miércoles. En un Estado democrático la ley ha de interpretarse siempre de la manera más favorable al ejercicio de derechos fundamentales como los de asociación y participación política».

A la vista de esto y de los estatutos presentados, «el Ejecutivo español debe rechazar las razones de conveniencia político-electoral que de manera evidente están presionando para impedir la inscripción del nuevo partido en el Registro de Partidos Políticos».

El abogado sostiene, además, que la inscripción del nuevo partido debería tramitarse sin necesidad de trasladar la decisión a la Sala Especial del Tribunal Supremo.

Rufi Etxeberria ha destacado que «la demanda de legalización» de una nueva formación política es fruto de «una reflexión, debate y decisión autónoma y soberana realizada por la izquierda abertzale». «Una reflexión de alcance histórico -ha afirmado- que marca un antes y un después en nuestra trayectoria».

La izquierda abertzale rompe con sus esquemas organizativos anteriores y reformula su estrategia por vías exclusivamente políticas y democráticas. Presenta unos estatutos que cumplen con la Ley de Partidos y, al mismo tiempo, denuncia que esta norma «se viene instrumentalizando con intereses netamente políticos más allá del carácter democrático o no de sus contenidos normativos». De esa forma «se ha deformado» la voluntad popular en las instituciones «para favorecer opciones e intereses políticos concretos», «realidad que algunos pretenden mantener a ultranza con independencia de evaluaciones jurídicas y democráticas».

En todo caso, Etxeberria ha insistido en que en el paso dado no hay «escapismos literarios» ni «un regate en corto». Se trata de una decisión «coherente» con los compromisos adquiridos en estos dos últimos años.