Iñaki IRIONDO
GASTEIZ

Las víctimas del Estado continúan discriminadas en el decreto de Lakua

El reconocimiento político y las indemnizaciones previstas para las víctimas de la violencia estatal están por debajo de las otorgadas por ley a las víctimas de ETA.

Manuela Carmena, encargada de redactar el decreto, junto a representantes de diferentes partidos. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)
Manuela Carmena, encargada de redactar el decreto, junto a representantes de diferentes partidos. (Juanan RUIZ/ARGAZKI PRESS)

Las víctimas de la violencia estatal seguirán estando por debajo de las víctimas del «terrorismo» en la consideración del Gobierno de Lakua. Las modificaciones introducidas en el decreto que prepara el Ejecutivo no han corregido muchas de las diferencias de trato evidentes que se dan entre unas y otras víctimas.

El propio grado de la iniciativa marca una diferenciación de base, puesto que mientras la cuestión de las de ETA se aborda en una ley integral, para las víctimas de la violencia estatal se reserva un decreto.

Junto a ello, se observa que mientras las instituciones autonómicas muestran un «reconocimiento» público a las primera, e incluso se detalla que «el futuro de nuestra convivencia deberá ser construido ineludiblemente sobre la memoria a las víctimas», cuya reparación se presenta como «un acto de justicia», en el caso de las víctimas de la violencia estatal todo se reduce a la fijación de trámites administrativos para la obtención de una compensación económica y una descripción de la vulneración de derechos padecida, sin identificación de los victimarios.

La Ley de Víctimas del Terrorismo establece con nitidez, sin ahorrar calificativos y con una innegable intencionalidad política, quiénes han sido los causantes de las vulneraciones de derechos que pretende reparar. Por contra, el «decreto de reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de derechos humanos producida en al CAV en el contexto de la violencia de motivación política vivida», huye de fijar responsabilidades incluso desde alambicado y casi inescrutable título del mismo.

Frente a quienes solicitaban el reconocimiento de la responsabilidad del Estado español en la violación de derechos humanos en Euskal Herria, tanto antes como después de 1978, el Gobierno de Lakua aduce que no es competente para dar un paso de esas características.

Indemnizaciones más bajas

Las compensaciones económicas fijadas en la última revisión que el Congreso de los Diputados hizo en setiembre de 2011 de la Ley de Víctimas del Terrorismo están muy por encima de lo que el decreto de Lakua fija para las de la violencia estatal. Desde el Ejecutivo aseguran que las cantidades que se reflejan en la ley no están siendo abonadas todavía porque faltan los reglamentos que las desarrollen.

Sucede, sin embargo, que las indemnizaciones previstas en este decreto que se aprobará en 2012 están también por debajo de las contempladas en la Ley de Solidaridad con las Victimas del Terrorismo aprobada en el Congreso en 1999.

Desde 1960

La consejera de Justicia, Idoia Mendia, la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, y Manuela Carmena, asesora encargada de la redacción del decreto, han informado a la «Ponencia de víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política» de los cambios introducidos en el borrador.

Según fuentes parlamentarias consultadas por este diario, entre las alegaciones admitidas se encuentra la de retrotraer la fecha de inicio de reparación de las víctimas hasta 1960. El borrador inicial arrancaba en 1968, de acuerdo con la ley autonómica de «víctimas del terrorismo». Sin embargo, la última revisión de la ley estatal amplió el plazo hasta 1960 para acoger a la familia de la niña Begoña Urroz, muerta en una bomba colocada en Donostia en aquel año y reivindicada por el DRIL.

Esta ampliación de plazo conllevaría poder reparar también como víctimas de la violencia estatal a José Rey, Javier Batarrita, Lorenzo Sarasola, José Álvarez, María Mercedes Antxeta, Vicente Lertxundi y Manuel Thomas. Estos casos se sumarían a los más de sesenta que se contabilizan entre 1968 y 1978.

Tortura

Lakua contempla que este decreto pueda estar aprobado para mayo o junio. Para más adelante quedaría otro que contemplará las violaciones de derechos comprendidas entre 1978 y la actualidad. El Ejecutivo autonómico se niega a unificar todos los casos en un mismo decreto.

Los representantes gubernamentales avanzaron a los integrantes de la ponencia que están recabando información sobre casos de tortura que se han producido en este periodo. El trabajo ha sido encargado a una firma externa y está todavía en una fase todavía muy poco definida.