El Estado español no permitirá, de ninguna de las maneras, que Catalunya celebre una consulta vinculante sobre su futuro político. Esta es una premisa aceptada –por algunos con mayor reticencia que por otros– por las cuatro formaciones que aprobaron la Declaración de Soberanía –CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP–. Coinciden también en que, una vez constatado el veto del Estado, será necesario buscar nuevas fórmulas para ejercer el derecho a decidir, que califican de irrenunciable. Este es, de hecho, el punto que los separa del PSC, que asegura defender la consulta, pero solo si es autorizada por el Gobierno español. Todo un oxímoron.

Pero el escenario que se abre tras la esperada negativa del Estado no está nada definida. CiU y ERC prefieren esconder cartas, señalando que «no descartan ningún recurso para que del pueblo de Catalunya salga un mandato democrático sobre el futuro político del país», en palabras de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y escudándose en que no van «a pecar de ingenuidad y explicar qué vamos a hacer si falla el plan A», en palabras del portavoz parlamentario y ahora presidente del grupo parlamentario de CiU en funciones, Jordi Turull. Pero desde hace unas semanas toma fuerza la idea de un adelanto electoral en clave plebiscitaria en la que el bloque del sí presentase una sola lista con el mandato de proclamar la independencia. También se ha hablado de aprovechar las elecciones europeas de mayo de 2014 para convertirlas en un plebiscito sobre la independencia.

No es un escenario que guste en las filas de la CUP e ICV-EUiA. El diputado de la CUP Quim Arrufat advierte de que esta es «la manera más fácil de dividir a la izquierda de este país» y que supondría volver a la cultura de la transición, «con Convergència llamando a formar parte de su candidatura y convirtiéndose, de nuevo, en la fuerza hegemónica fundadora». En la misma línea, el secretario general de ICV-EUiA, Joan Herrera, recuerda que «en unas elecciones la gente no solo vota en clave nacional».

Pero a la hora de ofrecer alternativas, Herrera responde con un «ya veremos» y aprovecha para advertir sobre el peligro de «forzar demasiado las cosas», con el riesgo de perder «cosas muy importantes para el modelo de sociedad». Desde la CUP si que tienen su alternativa, que no pasa sino por la desobediencia. «Una vez proclamado soberano el Parlament, la consecuencia lógica es convocar la consulta unilateralmente y así, poniendo la pelota en el tejado de la legitimidad popular, ir a negociar», señala Arrufat.

Los hechos y las dudas

Pero sea como sea, este debate sobre las fórmula para hacer efectivo el derecho a decidir cuando se agote el recorrido de la consulta legal no está sobre la mesa de los partidos políticos, al menos públicamente. Y desde luego, no está en el Parlament que, según la Declaración de Soberanía, es donde se debería articular la centralidad del proceso. De ahí la sensación expresada, por ejemplo, por Herrera, de que ve «más improvisación que hoja de ruta».

De hecho, las dudas se han acrecentado en los últimos días, con un Govern bloqueado financieramente que parece haber reculado el discurso soberanista –al menos temporalmente– para centrarse en la crisis y en la aprobación de los presupuestos, con el objetivo de que el Estado afloje un poco la correa con la que ahoga las cuentas catalanas, completamente dependientes de las decisiones de Madrid. Mientras tanto, la pregunta de hasta dónde está dispuesta a llegar la clase política catalana y, sobre todo, CiU, sigue sin respuesta.