Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cierran con esta propuesta un compendio de cien proposiciones mínimas sobre desarrollo rural y agrario que han ido presentando desde que comenzó el debate del tema de la tierra, el primer punto de la agenda pactada para las conversaciones.

«Hemos procurado sentar las bases para la dignificación de las comunidades rurales, quizás las más marginadas, maltratadas y victimizadas por las políticas económicas y de guerra del Estado colombiano», ha señalado la guerrilla en una declaración leída ante la prensa en La Habana por el jefe de su equipo negociador, ‘Iván Márquez’, sobrenombre de Luciano Marín Arango.

Gobierno e guerrilla reanudaron el martes en la capital cubana, sede permanente del diálogo, el octavo ciclo de sus conversaciones con la aspiración de culminar el debate del complejo tema de la tierra, que está en el origen del conflicto colombiano y que discuten desde hace cinco meses.

«Solamente con (...) una reforma agraria profunda que acabe con el latifundio, delimite la propiedad, frene la extranjerización de la tierra y devuelva la soberanía al pueblo se podrán establecer los cimientos para una paz estable y duradera», ha indicado la guerrilla.

En las propuestas de este miércoles, las FARC piden una reforma para «desneoliberalizar y desprivatizar» el Estado colombiano y ponerlo «al servicio de la soberanía nacional y de la transformación democrática y del desarrollo del campo», un ámbito para el que reclaman mayor institucionalidad.

Para la transformación del campo colombiano, la organización armada demanda recursos extraordinarios del presupuesto estatal colombiano durante un periodo de al menos diez años «mientras se generan y consolidan las condiciones para una paz estable y duradera».

También reitera la necesidad «imperiosa» de una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar esa nueva política de desarrollo rural y agrario integral.

Apoyo de la ONU al proceso

Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dado su apoyo al diálogo de paz entre el Gobierno y las FARC, al tiempo que ha expresado su preocupación por la impunidad del nuevo fuero militar.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia, Todd Howland, ha indicado que el Consejo de Derechos Humanos ha aplaudido el proceso de paz, aunque subrayando la necesidad de abordar los desafíos que supone el «posconflicto».

Howland ha apuntado en primer lugar a «la no repetición». «Se necesita maximizar el número de guerrilleros que se van a desmovilizar. Ya vimos el problema con la desmovilización de los paramilitares, muchos de ellos siguieron ahí», ha recordado.

«En segundo lugar, se tiene que crear un sistema para maximizar la participación en el proceso de paz de todos los miembros rebeldes», ha dicho, en declaraciones recogidas por RCN Radio.

Por último, ha señalado «la importancia de la verdad». «Hay que dar una respuesta a las familias que durante décadas han sufrido este conflicto armado», ha argumentado.

Así, ha abogado por un concepto «más amplio de la justicia»- «No solo tiene que haber correcciones, también reparaciones, por eso muchos han visto la importancia de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras», ha sostenido.

Howland también se ha hecho eco de la preocupación del Consejo de Derechos Humanos por la reforma del fuero militar, aprobada el pasado mes de diciembre, porque sitúa a las fuerzas de seguridad bajo la jurisdicción militar, aumentando con ello el riesgo de impunidad.

«Casi cuando el conflicto está acabando se hace una expansión de la jurisdicción militar. Esto es una contradicción, justo cuando estábamos notando una mejoría de la Fuerza Pública en Derechos Humanos», ha indicado.

Los 76 países que han tomado la palabra han recomendado a Colombia que tome medidas para reducir los niveles de impunidad, el reclutamiento de niños, la violencia contra la mujer, la pobreza y para extender la justicia social.