A finales de enero, la Plataforma de Afectats per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) de Sabadell (Barcelona) ocupó una oficina de Unnim –ahora BBVA– en esta ciudad del Vallès, gracias a la cual consiguieron la dación en pago y el alquiler social para un vecino. En abril, la misma plataforma ocupó un bloque de pisos propiedad del Sareb –el ‘banco malo’– en la que viven ahora mismo 11 familias previamente desahuciadas de su vivienda habitual –una jueza rechazó recientemente la petición de la fiscalía de desalojar el edificio–.

Una muestra del activismo de la PAHC de Sabadell que las autoridades pretenden cortar de raíz a través de la persecución policial y judicial. Sin ir más lejos, 31 personas han pasado hoy por los juzgados acusados de resistencia y desobediencia a la autoridad por las dos acciones mencionadas –28 personas por la primera y tres por la segunda–.

Entre los juzgados destaca el diputado de la CUP Quim Arrufat, acusado de desobediencia por su participación en la ocupación de la oficina de Unnim. Esta misma semana, Arrufat ha recordado que gracias a la ocupación de la oficina se consiguió la dación en pago y ha denunciado que «paradójicamente, en el país de las ejecuciones hipotecarias, de las cláusulas abusivas, de los pisos cerrados, quien es llevado a juicio no son los banqueros, sino los activistas».

Estos dos juicios, sin embargo, no son los únicos que afronta la PAHC de Sabadell, a cuyos activistas los Mossos están imponiendo numerosas multas y denuncias. En una campaña de denuncia puesta en marcha recientemente, la Plataforma critica que «los mismos políticos que ahora no tienen más remedio que elogiar de forma oportunista nuestra lucha, nos llenan a denuncias y sanciones de una forma totalmente arbitraria» y pregunta al poder judicial: «¿A quién tenéis que perseguir, a ellos o a nosotros?».