El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede de la Cámara de Vitoria para hacer un primer análisis del Plan de Paz y Convivencia presentado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el que ven aspectos «altamente positivos y otros muy discutibles».

En concreto, ha criticado que el texto «se centra principalmente en las consecuencias del conflicto», en lugar de hacerlo en las «causas y motivaciones».

Para la coalición abertzale, la consolidación de la paz y la convivencia requieren de una «lectura integral» de lo ocurrido, de forma que se analicen las «causas y las consecuencias» del conflicto. Arzuaga ha recordado que EH Bildu defiende la tesis de construir el futuro desde el rechazo a «toda violencia» y a «toda imposición».

Ha apuntado que el plan de Lakua señala que la situación en Euskal Herria «ha cambiado» tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA. Sin embargo, ha lamentado que hay otros ámbitos en los que no se ha producido cambio alguno. Ha aludido así a los juicios políticos contra la izquierda abertzale, como el ‘caso Bateragune’ o el de las herriko tabernas, el hecho de que no haya avances en la situación de los presos, –«si acaso involución»–, así como a la detención de Jon Lizarribar y Rubén Gelbentzu en Urnieta y Andoain, «en grave riesgo de sufrir torturas».

Tras expresar su «preocupación» por ese hecho y mostrar su solidaridad con los familiares de ambos arrestados, ha preguntado a Urkullu si su Plan de Paz servirá para evitar este tipo de situaciones.

En el otro lado, ha calificado de «positiva» la voluntad de reconocer y reparar «a cientos de torturados con una línea de memoria y justicia». También ha acogido con satisfacción que se reconozca la conveniencia de mejorar la formación de la Ertzaintza en derechos humanos.

Por el contrario, ha considerado «discutible» el planteamiento que hace el gabinete de Urkullu respecto a cambios en la política penitenciaria, al entender que con su propuesta de presentar un plan propio de reinserción se desvía la presión que debe ir hacia el Gobierno español, a quien corresponde esa competencia. Además, ha destacado que antes de plantear medidas en ese ámbito Lakua tenía que haber previsto un «canal de interlocución» con los propios presos.