El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha enviado esta mañana al juzgado un informe de 37 páginas con sus conclusiones sobre la investigación del ‘caso Palau’, en el que destaca, sobre todo, el cobro de comisiones ilegales por parte de Convergéncia Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del president, Artur Mas. En opinión del fiscal, hay «indicios suficientes» para poder probar dicha financiación ilegal, que ascendería a un total de 6,6 millones de euros.

Según se explica detalladamente en el informe, la empresa Ferrovial habría pagado grandes sumas de dinero a CDC a través del Palau de la Música, a cambio de obtener la adjudicación de diversas obras como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del metro de Barcelona. Estas comisiones se habrían pagado, según el fiscal, «a personas con ascendencia política suficiente como para influir de forma determinante en organismos competentes para adjudicar obras públicas de envergadura».

Sobre los responsables, el fiscal dice que los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga –ya imputados– realizaron los pagos «a espaldas del accionariado», mientras que por parte de CDC, el informe da por probada la participación del extesorero Carles Torrent –fallecido en 2005–, del actual tesorero, Daniel Osácar, y del dirigente convergente Jaume Camps. Sobre otros posibles responsables, el informe señala que «debieron necesariamente intervenir también altos responsables del partido político, que no han podido ser adecuadamente identificados».

El resto del informe se dedica a desgranar la trama de corrupción que organizaron el presidente del patronato de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música, Félix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, a través de la cual se habrían adueñado como mínimo de 3,3 millones de euros de la institución musical –eso es lo confesado hasta ahora por Millet–. Su participación en la trama de las comisiones ilegales habría sido la de ejercer de intermediario, ya que Ferrovial hacía pasar los pagos a CDC como donaciones al Palau, institución que luego se encargaba de hacer llegar el dinero al partido nacionalista.

De esta manera se estrecha el cerco de la acusación sobre la financiación ilegal de CDC, por la cual el juez ya impuso en julio del año pasado una fianza de 3,2 millones de euros al partido, en calidad de responsable civil a título lucrativo en el caso Palau. Convergència ofreció las escrituras de propiedad y una tasación de su sede central en Barcelona como aval.

El fiscal finaliza su informe señalando que la investigación se debe dar «por concluida» y pidiendo al juez un auto de procedimiento abreviado, paso previo a la celebración del juicio oral.