Al concluir el citado encuentro, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha recordado, además, que la recuperación de las ayudas corresponde al Estado español, «que es quien ha sido sancionado», y que será quien haga los cálculos de la cifra a devolver que no saben si asciende a «1.000, 400 ó 200 millones».

Representantes de los astilleros y navieras, junto con miembros del Foro Marítimo y el Gobierno de Lakua, han analizado los pasos a dar en los próximos meses tras la resolución de la Comisión Europea relativa al ‘tax lease’ y han establecido las directrices del Grupo de trabajo creado.

Este grupo, que se reunirá a partir de setiembre y cuyas líneas de trabajo estarán coordinadas por el Foro Marítimo, buscará analizar el nuevo sistema financiero puesto en marcha, trabajar la línea de financiación y nuevos inversores, la búsqueda de nuevos mercados y el desarrollo de líneas de I+D.

La consejera Tapia ha remarcado, además, que los astilleros vascos tienen, en este momento, «dos contratos firmados con el nuevo sistema» de financiación. «Este sistema tiene futuro, pero tenemos que asentarlo», ha añadido.

Cantidad a devolver

En lo que respecta a qué cantidad deberían devolver los astilleros vascos, Tapia ha subrayado que el Gobierno autonómico no maneja las cifras, ya que «no las tiene que calcular porque las ayudas de Estado fueron ayudas del Estado español y es este quien tiene que calcular quiénes son los inversores, cómo devolver las ayudas y los plazos».

«Estamos en permanente contacto con los Ministerios de Industria y Hacienda, pero nosotros ni tenemos que calcularlos ni lo vamos a hacer porque no es nuestra competencia», ha indicado, para añadir que los cálculos se pueden hacer de diferente manera y «es el Estado quien tiene que analizar si son 1.000, 400 ó 200 millones».

En este contexto, ha añadido que, con el nuevo escenario planteado, se puede seguir trabajando en el sector y, por ello, se va a elaborar un plan estratégico de actuación «a corto, medio y largo plazo». «El sector tiene futuro y hay que trabajar por dar seguridad jurídica absoluta y buscar financiación», ha añadido.

Por último, ha recordado que aún hay plazo para que el Estado plantee un recurso, puesto que, «ante en informe elaborado por el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, hay otros países que van a presentarlo porque creen que la sanción no ha sido suficiente».