La Fiscalía Anticorrupción solicitaba al juez que le impusiera 5.975.000 euros mientras que la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) le ha pedido 3.058.984 euros para hacer frente a las responsabilidad pecuniarias relacionadas con los delitos que se le imputan.

El magistrado imputa a Iglesias un delito contra la Hacienda Pública, otro como cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales del que se acusa a su marido, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa.

Ruz concreta en su auto que Iglesias se encuentra imputada por un presunto delito contra la Hacienda Pública por el IRPF correspondiente a 2006, en relación con un ingreso en efectivo de 500.000 euros en una cuenta de Caja Madrid a su nombre, lo que determinaría una cuota eventualmente defraudada superior a los 222.112,58 euros.

Igualmente, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a la esposa de Bárcenas delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el IRPF de 2002 y 2003 por las declaraciones conjuntas que presentaron en dichos ejercicios «omitiendo ingresos y rentas generados en ese periodo», de forma que las cuotas eventualmente defraudadas ascenderían por el momento, y sin perjuicio de liquidación definitiva, a 307.850,86 respecto de 2002 y de 1.179.670,4 respecto del año siguiente.

El total de lo supuestamente defraudado es 1.709.569 euros, y teniendo en cuenta multa por el triplo de la cuota defraudada las responsabilidades pecuniarias a las que podría ser condenada alcanzarían una cantidad «superior a los 4.068.785,64 euros». Atendiendo a las multas previstas por el delito de estafa procesal en grado de tentativa (18.000 euros) , por el delito de falsedad en documento mercantil (36.000 euros) y el delito de blanqueo de capitales (350.000 euros), Ruz impone una fianza total de 6 millones de euros.

Si en el plazo de 10 días no deposita la fianza impuesta, el juez Ruz iniciará los trámites de embargo de sus bienes, según concreta en su auto.