
Son tiempos difíciles para la industria naval vasca debido a la decisión de Bruselas de pedir la devolución de las ayudas fiscales ilegales, denominadas como tax-lease, pero el de ayer fue un día de celebración en el astillero Zamakona de Pasaia. Con motivo de la botadura del buque Ocean Osprey, representantes del sector, del Gobierno de Lakua, de la Diputación de Gipuzkoa y del armador noruego Atlantic Offshore, propietario del buque, se dieron cita en el puerto guipuzcoano, donde la necesidad de garantizar el futuro del sector centró los mensajes de los presentes.
Y es que a la espera de que el Gobierno español decida el próximo mes si recurre la decisión de Bruselas sobre la devolución de las ayudas tax-lease entre 2007 y 2011, que en el caso de los astilleros vascos asciende a unos 1.000 millones de euros, la incertidumbre que este asunto ha generado preocupa, y mucho, al sector.
Aunque la devolución afecta a los inversores y no a los astilleros, el castigo salpica también a estos últimos, que ven cómo los armadores pierden la confianza en la viabilidad del sector. El director de Zamakona en Pasaia, Jesús Villacañas, reconoció ayer que «las cosas no están claras», motivo por el que los armadores preguntan continuamente por la situación del sector. Apuntó que se trata de «un problema de confianza» que está llevando a perder oportunidades de negocio.
«Tareas» del Gobierno español
Ante esta situación de incertidumbre que pone en tela de juicio el futuro de un sector clave para la economía vasca, la consejera de Competitividad del Gobierno de Gasteiz, Arantza Tapia, se mostró tajante a la hora de exigir al Ejecutivo español que, en lugar de «judicializar» el conflicto, «haga sus tareas» y determine quiénes son los inversores que tienen que devolver las ayudas, cuáles son las operaciones que están implicadas y cuál es la cantidad que tienen que devolver. Asimismo, reclamó al Ministerio de Hacienda que el dinero recaudado de esas devoluciones lo revierta luego en el sector naval.
Lakua ya se manifestó en contra de recurrir la sentencia de la Comisión Europea, ya que supone alagar el conflicto. En lugar de ello, Tapia abogó dar «estabilidad jurídica» a un sector «preparado» y buscar vías para fomentar la innovación y abrirse a nuevos mercados. En esta línea, destacó que ya está en marcha el nuevo instrumento financiero y que, incluso, existen dos contratos firmados con este nuevo sistema.
Por su parte, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, destacó la importancia de que el sector naval siga vivo y generando empleo, especialmente en Pasaia, donde abogó por impulsar el futuro y la actividad de su puerto.

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