En su intervención en el pleno monográfico del Parlamento de Gasteiz para debatir sobre la LOMCE, que se aprobará mañana en el Congreso, Uriarte ha reiterado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu mantiene su rechazo a una reforma que supone un «retroceso de más de veinte años en el desarrollo alcanzado» en materia educativa en la CAV.

La titular de Educación ha recordado que el Ejecutivo de Lakua ha solicitado la retirada de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Rajoy y que a pesar de haber intentado mantener una negociación bilateral, «fue el Ministerio quien cerró la puerta del diálogo}.

Al respecto, ha insistido en que una vez que la ley sea definitivamente refrendada, el Gobierno autonómico la recurrirá al TC «tras la definición por los Servicios Jurídicos de los ámbitos susceptibles de recurso».

Según ha explicado, en una primera aproximación al texto, el Ejecutivo cree que supone una «injerencia en el ámbito competencial propio de la Comunidad autónoma de Euskadi, materializando un menoscabo efectivo del derecho fundamental a la educación o por violentar principios constitucionales».

En este sentido, ha insistido en que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para recurrir los desarrollos que «ataquen» al sistema educativo vasco, además de apostar por impulsar desarrollos propios «mano a mano con el sector educativo».

Tras reconocer que el recorrido del recurso supone que no se pueda «resolver el problema de forma inmediata», ha subrayado que esta no es la única medida que el Gobierno está llevando a cabo para «esquivar» la LOMCE.

Competencias

Uriarte ha informado de que el Ejecutivo autonómico analizará los reales decretos que desarrollarán la ley y, en su caso, serán recurridos «si nuevamente invaden nuestras competencias». En este sentido, ha criticado que las disposiciones que debe aprobar cada comunidad autónoma «no impedirán la eficacia de los reglamentos básicos estatales». «La cercenación de competencias es absoluta», ha subrayado.

Por otro lado, ha criticado el coste que supone la implantación de la nueva ley para asegurar a continuación que «resultaría imposible su puesta en marcha, tanto desde el punto de vista de desarrollo normativa, desde el punto de vista organizativo, como desde el punto de visto económico». «Existen situaciones técnicas objetivas que harían imposible su cumplimiento», ha insistido.

La consejera ha apostado por adoptar una posición «firme» porque cree que la reforma educativa es «una amenaza que se sustenta en la mayoría absoluta de un partido». «Los votos y los escaños se han convertido en un gran escudo, tras el cual poder legitimar sus proyectos, sin contar ni siquiera con el sector educativo», ha indicado.