En su discurso, Fernández Díaz ha pretendido hacer balance de dos años de legislatura con Mariano Rajoy en Moncloa poniendo en valor su inmovilismo.

Además de insistir en que el PP no modificará su política carcelaria, ha reiterado sus planes de introducir nuevas restricciones para los presos que abandonen la cárcel como el veto a la percepción del paro y ha vuelto a esgrimir el fantasma de la ilegalización, pese a que ha reconocido que no sería avalado por los tribunales.

«ETA no existe pero pervive su ideología totalitaria», ha considerado el ministro, que ha abogado por «ir más lejos que nunca» a la hora de «imponer» su relato acerca del conflicto. «Este Gobierno no ha negociado y no negociará», ha insistido, remarcando que mantendrá su política carcelaria, basada en la dispersión, «hasta el momento de la disolución» de ETA y que «los presos se desvinculen formal y sinceramente».

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de invalidar la denominada ‘doctrina Parot’ ha sido analizada por Fernández Díaz en clave interna. Ha asumido que el fallo era de obligado cumplimiento. Sin embargo, ha lanzado continuos mensajes de «comprensión» hacia colectivos de víctimas como la AVT, muy críticos con el Ejecutivo.

También ha rechazado que su gabinete o los jueces tuviesen «responsabilidad» en las excarcelaciones y ha vuelto a defender el alargamiento artificial de las penas alegando que «España es un Estado de Derecho».

Finalmente, ha remarcado que las órdenes de libertad hubiesen llegado hace año y medio si el Gobierno español «no hubiese recurrido».«A los etarras se les recibe como héroes. ¿Alguien se imagina homenajes en Alcasser para recibir a Miguel Ricart? Eso da para reflexionar», ha considerado.

Amenazas

El ministro también ha hecho referencias veladas hacia Sortu. «El contador no está a cero», ha lanzado, a modo de titular, recordando los requisitos impuestos por el Tribunal Constitucional español. «La Ley de Partidos sigue plenamente vigente. Legalidad no es impunidad, ni es algo que se cumple solo una mañana cuando te legalizas», ha opinado.

No obstante, tras amagar en varias ocasiones, ha terminado reconociendo que ni siquiera los jueces avalarían actualmente una ilegalización. «Esas batallas hay que darlas en el momento en que sabes que las vas a ganar. Hay que saber que hay una base fáctica y jurídica suficiente. Si no, sería peor el remedio que la enfermedad», ha asumido, reiterando que Policía española, Guardia Civil y delegados del Gobierno (Carlos Urquijo se encontraba en la sala) están «recopilando pruebas».

Fernández Díaz también ha hablado de futuras medidas. Entre ellas, el intento de negar la percepción del paro a aquellos presos «que no se arrepientan» y el «Centro de Memoria de las Víctimas», que se ubicaría en la CAV. 

Ha hecho referencia también a hipotéticas iniciativas en relación al informe de la Guardia Civil que fiscalizaba al profesorado del modelo D en Nafarroa. Aunque no ha querido dar más detalles, ha insistido en negar que el Instituto Armado «elabore informes sobre la enseñanza».