La organización Sustrai Erakuntza ha dado a conocer este viernes la sentencia del TSJN y ha vuelto a exigir la paralización de esa infraestructura y la dimisión del consejero de Fomento, Luis Zarraluqui.

El fallo recoge que «la inactividad de la administración es y ha sido palpable y evidente» y señala «un mes de plazo» para que la administración entregue toda la documentación ambiental del TAV, resolviendo así la conculcación de derechos.

Según ha precisado Sustrai Erakuntza, la sentencia proviene de la ocultación del informe MECSA, que solo analizaba los efectos positivos del TAV para Nafarroa.

En ella se concluye que el Gobierno de Yolanda Barcina ha conculcado la Ley 27/2006 en lo que se refiere a la obligación que tiene en «dar acceso a la información ambiental», permitir «participar en los procedimientos», «instar la revisión administrativa y judicial de actos y omisiones» y «la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental».

Asimismo, según han apuntado, deja claro «el todavía poco conocido Convenio de Aarhus», que indica que «para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados».

Al respecto Sustrai ha indicado que en su momento informó «directamente» al Ejecutivo navarro «para corregir la situación irregular y poder solucionar a tiempo su ilegalidad sin llegar a los tribunales, algo que evidentemente no fue corregido».

Esta advertencia, según ha explicado, se realizó con el objetivo de «evitar gastos económicos innecesarios a las arcas forales y, por lo tanto, evitar malgastar el dinero de todos los navarras en un proceso judicial largo».

En opinión de esta organización, la sentencia deja «un escenario escalofriante» y es que el Gobierno foral «está iniciando la ejecución de un TAV que no llega a 70 kilómetros, adelantando un dinero y pagando unos intereses bancarios por el dinero adelantado».

«La ejecución del corredor navarro de alta velocidad que empieza en Castejón y termina en Campanas está en situación de ilegalidad debido a que no tiene Declaración de Impacto Ambiental y así lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid», ha recordado, a lo que ha sumado esta última sentencia

Exige responsabilidades

En este contexto ha exigido «responsabilidades y respuestas» al Gobierno de Nafarroa, al que ha preguntado si va a acatar y cumplir la sentencia judicial o por el contrario «va a seguir derrochando dinero público, recurriendo la sentencia y derrochando los 102 millones de euros de gasto previsto para el 2014».

Finalmente Sustrai ha reclamado la paralización de las obras y del proyecto del corredor navarro de alta velocidad (o altas prestaciones) debido a su situación de «irregularidad ya que el Gobierno de Navarra está realizando obras sin la cobertura legal necesaria».

Asimismo ha demandado la dimisión de, «al menos», el consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, debido a su «responsabilidad política en cuanto a las actuaciones realizadas por el Gobierno de Navarra y la evidente nefasta gestión del proyecto» del Corredor de Alta Velocidad Castejón-Iruñea.