Helena Franco ha comparecido junto con la jefa de servicio de Impuestos Directos de la Hacienda de Gipuzkoa, Yolanda Domínguez, y el director de Educación Tributaria, Isidro Esnaola, para explicar los pormenores de la obligación de declarar los bienes en el extranjero antes del 31 de marzo.

Los afectados por esta nueva obligación engloban a las personas que cuentan con segundas viviendas en otros países, las que reciban patrimonio en sucesiones o donaciones fuera del Estado español así como las personas llegadas a Gipuzkoa desde otros estados.

Las personas a las que afecta esta declaración deben ser residentes en Gipuzkoa e incluyen a los titulares de cuentas en entidades financieras, valores, derechos, seguros o rentas así como bienes inmuebles que superen, individualmente, los 50.000 euros.

Los bienes muebles que estén situados o matriculados en el extranjero son objeto de tributación en caso de que tengan un valor unitario superior a los 50.000 euros, a excepción del dinero en metálico, las piedras preciosas y metales, que deberán sobrepasar esa cifra, pero en conjunto.

En caso de que no se presenten las declaraciones, el bien o derecho se considerará ganancia patrimonial no justificada en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades y se impondrá una sanción del 150% de la cuota resultante, según ha explicado Domínguez.

Asimismo, si los datos se presentan fuera de plazo, incompletos o inexactos se impondrán «fuertes sanciones de importe fijo».

Según ha señalado Esnaola, aunque aparentemente la obligación afecta a contribuyentes de gran capacidad económica, en realidad el alcance es mucho mayor dadas las características del territorio guipuzcoano con fronteras cercanas.

La Diputación ha habilitado la página www.gipuzkoa.net/gertubide para aclarar dudas y pondrá en marcha una campaña en los medios de comunicación para que los ciudadanos conozcan la declaración, al tiempo que enviará cartas a embajadas y consulados, entre otras iniciativas para dar a conocer la iniciativa.