La infanta Cristina declara a partir de las 10.00 horas como imputada en el caso Nóos ante el juez instructor, José Castro, en los juzgados de Palma en medio de una gran expectación mediática y un impresionante despliegue policial.

El barrio de los juzgados de la capital Mallorquina estaba para las 7.30 de la mañana literalmente tomado por representantes de los medios de comunicación y por la Policía, y al menos medio centenar de agentes se agolpaban en los aledaños a la entrada trasera del edificio judicial.

La infanta Cristina ha entrado en coche a las 9.46 horas a los juzgados de Palma y, tras descender del vehículo, ha recorrido unos metros a pie hasta la puerta del edificio judicial

La hija del monarca español ha llegado acompañada de su abogado Miguel Roca y ha dado unos diez pasos hasta la puerta del juzgado, donde ha sido saludada por su otro abogado, Jesús María Silva, con un apretón de manos.

Durante su breve recorrido, la infanta ha sonreído y saludado a los periodistas que se congregan en los juzgados.

La infanta Cristina se ha desvinculado ante el juez José Castro de la gestión de la empresa Aizoon, que compartía con su marido, Iñaki Urdangarin, y de las contrataciones de personal doméstico que hizo esta sociedad.

según han informado a EFE fuentes jurídicas, la infanta está respondiendo a todas las preguntas del magistrado con una actitud tranquila.

Ha señalado que no tomaba parte en la administración de la empresa familiar y que desconocía que el personal doméstico que trabajaba en su casa cobraba a través de Aizoon.

La hija del rey español, que comparece como imputada por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, declara ya durante casi tres horas ante el juez, quien ordenó un receso de unos diez minutos.

La comparecencia se ha retomado de nuevo con preguntas del juez Castro, a quien aún le restan muchas cuestiones por formular para tratar de aclarar qué sabía la infanta de la actividad de Aizoon y si tenía conocimiento de las supuestas actividades ilícitas de su esposo

Esta declaración es el punto culminante del proceso que comenzó hace tres años y medio con la investigación por presunto desvío de fondos públicos al instituto que da nombre a la causa y que presidió su marido, Iñaki Urdangarin, entre 2003 y 2006.