Unas balanzas fiscales desfavorables no justifican automáticamente la independencia, pero el constante déficit fiscal sufrido por Catalunya se ha convertido en uno de los argumentos más poderosos a la hora de defender que la secesión no solo es viable, sino que resultaría beneficiosa para los catalanes. Conscientes de la fuerza del argumento, desde el Estado español siempre han tratado de restar credibilidad a los cálculos de la Generalitat, según los cuales Catalunya aporta cada año 16.000 millones de euros al Estado que no regresan a territorio catalán.

Para ello, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el año pasado que publicarían sus propias balanzas fiscales, algo que el Estado solo ha hecho en una ocasión –en 2008, con los datos referidos al 2005 y con resultados similares a los arrojados por los cálculos de la Generalitat–. No le debieron salir las cuentas al ministro, ya que en la convención celebrada por el PP catalán en Barcelona en enero sorprendió con el anuncio de que no publicarán las balanzas fiscales, sino un nuevo cálculo de las «cuentas públicas regionalizadas», debido al «mal uso» que según Montoro se hace de las balanzas.

¿Qué son las balanzas fiscales?

Pero antes de entrar en la polémica, expliquemos qué son las balanzas fiscales. En términos generales, son el cálculo cuyo resultado refleja las diferencias entre lo que una Comunidad Autónoma (CCAA) aporta al Estado a través de la recaudación de impuestos y lo que el Estado devuelve a dicha Comunidad, ya sea a través de transferencias o con inversiones en el territorio. Cuando una CCAA aporta más de lo que recibe, sufre déficit fiscal. Cuando pasa al revés, dicha Comunidad disfruta de superávit fiscal.

Para calcularlas existen dos métodos reconocidos por el mundo académico. El primero se basa en el flujo monetario, es decir, en el dinero invertido por el Estado directamente en la CCAA. El segundo se basa en el flujo del beneficio, que a la inversión directa en el territorio le suma aquel gasto en áreas del Estado que, supuestamente, benefician a todos los ciudadanos, aunque la inversión concreta se haga en otra CCAA. Por ejemplo, una academia militar puede estar situada en Zaragoza, pero según este método, se trata de una inversión en «seguridad nacional» que beneficia a todos los ciudadanos del Estado, por lo que se contabiliza como inversión también en el resto de comunidades. De esta manera, tanto los déficits como los superávits suelen ser menores con este método, con excepción de la Comunidad de Madrid, ya que todos los gastos en ministerios y estructuras estatales –que con el flujo monetario se contabilizan solo en Madrid– pasan a distribuirse a todas las CCAA.

Finalmente, existe una última gran variable a la hora de calcular las balanzas, que es la distorsión que puede producir el endeudamiento del Estado. Tal y como ha pasado en la crisis actual, la recaudación de impuestos ha caído en picado, por lo que el Estado ha recurrido a los mercados para conseguir dinero a través del endeudamiento. De esta manera, en periodos de crisis, las CCAA reducen su aportación, mientras que el Estado invierte a través del endeudamiento. Pero la trampa de contabilizar este dinero del Estado como inversión es obvia, ya que se consigue a través de una deuda que posteriormente pagarán –están pagando ya– las CCAA, por lo que a la larga, es también un gasto. Para eliminar este efecto producido por el endeudamiento, en las balanzas fiscales se acostumbra a aplicar la llamada neutralización, que elimina esta distorsión dejando fuera del cálculo el dinero proveniente del endeudamiento del Estado.

¿Qué resultados arrojan las balanzas?

Estos dos métodos, así como la neutralización, no son inventos de la Generalitat, sino que son validados por el ámbito académico internacional. De hecho, las balanzas fiscales publicadas por Zapatero en 2008 también los utilizan, arrojando las cifras que pueden observarse en el gráfico adjunto. Unas cifras que muestran que Hego Euskal Herria también sufrió déficit fiscal en 2005 –3,18% Nafarroa y 1,35% la CAV–, aunque mucho menor debido a los límites que el cupo del Concierto Económico impone a la llamada solidaridad con el resto de territorios.

La palma se la llevaron el conjunto de los Països Catalans, empezando por las Illes, con un déficit del 14,2% del PIB, seguido por Catalunya (8,7%) y País Valencià (6,32%). En cuarto lugar se situó Madrid, con un 5,57%. En el otro extremo, entre las comunidades con un mayor superávit fiscal se situaron –dejando a un lado a Ceuta y Melilla– Extremadura (17,78%), Asturias (14,33%) y Galicia (8,19%).

Estas cifras son las arrojadas por el cálculo del flujo monetario, ya que según el flujo de beneficio el porcentaje de déficit o superávit tiende a ser menor. Por ejemplo, en el caso de la CAV, pasa de tener déficit fiscal a tener un superávit del 0,31%. La principal excepción es Madrid, que con este segundo cálculo pasa a tener un déficit del 8,92%. La explicación es sencilla: con el flujo del beneficio, todo el gasto en ministerios y estructuras del Estado radicadas en Madrid pasan a contabilizarse como inversiones en todas las CCAA.