Cuando el PNV incluyó en su programa electoral en materia de autogobierno que «el resultado del proceso -el año 2015- será sometido a refrendo popular» hubo quienes, con intencionalidad o con candidez, trataron de ver ahí una consulta al estilo de las que se plantean en Escocia o Catalunya para este año. Conviene no equivocarse. Se trata del refrendo que necesita toda reforma estatutaria, que es lo que de momento pretende proponer el PNV en el Parlamento. Una materia, por otra parte, en la que ya existen antecedentes en la legislatura 2001-2005, que no conviene perder de vista. (Por cierto, la fecha de 2015 no aparece ya en el programa de gobierno de Iñigo Urkullu).

Un proceso de reforma estatutaria puede dar lugar a diferentes escenarios. Puede optarse por reformas como las que ya han hecho muchas comunidades y que no ponen en cuestión el actual marco, o puede optarse por intentar dar satisfacción a las demandas de soberanía mayoritarias hoy en el Parlamento y en la sociedad, y plasmarlas en un Estatuto que recoja que Euskal Herria es una nación y que tiene derecho a decidir.

En el primer caso, no habría ningún problema para que se hiciera un referéndum de ratificación del nuevo Estatuto. En el segundo, es más que probable que el texto siguiera el mismo camino que tuvo el aprobado el 30 de diciembre de 2004 en el Parlamento de Gasteiz y que las Cortes españolas se negaron siquiera a debatir. Ni el Gobierno de Urkullu ni el PNV han adelantado cuál será su respuesta ante este escenario. De la ambigüedad de sus textos se puede colegir que plantearían el refrendo al margen de lo que pudiera decir Madrid o antes de llevarlo allí.

Pero volvamos a los precedentes. El lehendakari Juan José Ibarretxe se comprometió ante el Parlamento y hasta en cuatro ocasiones (27-9-2002, 21-3-2003, 28-11-2003 y 24-9-2004) a hacer una consulta aunque el texto fuera rechazado por el Congreso, y lo que hizo de verdad finalmente fue convocar elecciones.

Los trámites para llegar a la redacción del nuevo estatuto de 2004 comenzaron el 25 de octubre de 2001, cuando el tripartito gobernante (PNV, EA, EB) logró aprobar «la constitución de una comisión parlamentaria de profundización de nuestro autogobierno en la que se aborde el respeto y cumplimiento del pacto estatutario y las opciones de actualización del mismo, en función de las potencialidades que contiene». PP y PSE votaron en contra, porque lo de las potencialidades podía llevar muy lejos. Como tantas veces en aquella legislatura, tuvo que ser Euskal Herritarrok quien, al no participar en la votación, permitiera que la mayoría del tripartito ganara.

La comisión comenzó a trabajar en enero de 2002 y por ella pasaron 57 invitados, desde miembros de la ponencia que negoció el Estatuto en 1978 hasta otros que desde el principio se opusieron a él; historiadores, sindicalistas, empresarios, abogados... Aunque ha pasado ya más de una década, el cumplimiento del Estatuto ha variado poco, salvo la aprobación de unas pocas nuevas transferencias, por lo que aquel trabajo de base puede ser útil todavía y, por lo tanto, no es necesario replicarlo, lo que ahorraría tiempo.

Porque, como se comprobará, los plazos aprietan ya si se quiere aprobar algo en esta legislatura. Con todo lo escuchado a los expertos, en junio de 2002 se creó una ponencia que en julio dio lugar a un dictamen, que reconocía Euskal Herria como nación, abogaba por un nuevo estatuto y que salió adelante gracias de nuevo a la abstención negociada con Euskal Herritarrok, en unos tiempos en los que Ibarretxe decía que no negociaba nada con ellos.

En setiembre de 2002 el lehendakari inició una serie de contactos para la elaboración de un nuevo estatuto, que no estuvo redactado hasta el 25 de octubre de 2003, en que se llevó solemnemente al Parlamento. Los debates en la Cámara duraron otro año, hasta el histórico 30 de diciembre de 2004 en el que, gracias a 3 votos a favor de la izquierda abertzale, se aprobó el nuevo texto, que en febrero de 2005 se estrelló contra Madrid, contra la falta de palabra del entonces lehendakari y su partido, y contra la falta de movilización social que impulsara el cambio de marco.

Por tanto, como puede verse, hay suficiente experiencia adquirida que puede permitir, a todas las partes, aprender de los errores.