Iñaki IRIONDO
GASTEIZ

PP y PSOE abren vía hoy para que 50 diputados frenen un nuevo estatuto

El Congreso de los Diputados dará hoy luz verde al debate de sendas proposiciones de ley de PP y PSOE que pretenden que 50 diputados o senadores puedan interponer un recurso previo de constitucionalidad contra una reforma de un estatuto de autonomía aprobada en las propias Cortes, lo que paralizaría su referéndum o entrada en vigor. El PSOE propone un límite de seis meses. El PP, ni siquiera eso.

PP y PSOE pretenden reinstaurar para las reformas de estatutos de autonomía el recurso previo de inconstitucionalidad que se retiró en 1985 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ambos partidos registraron sus propuestas el mismo día, 24 de enero, y con las previsiones que realizan, cualquiera de ellos podría paralizar en el futuro la entrada en vigor de una reforma estatutaria que no fuera de su gusto, aunque la hubieran aprobado las Cortes españolas.

Según las propuestas de PP y PSOE, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores podrían presentar un recurso previo de constitucionalidad en cuanto las Cortes aprobaran una reforma estatutaria, impidiendo su entrada en vigor en unos casos o incluso su sometimiento a referéndum donde sea preceptivo, como ocurre en la CAV, Catalunya, Galicia y Andalucía.

El plazo para la interposición del recursos será de tres días desde que se cumpla el último trámite en las Cortes españolas. La propuesta del PSOE contempla que el recurso «deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional en el inaplazable plazo de seis meses de su interposición». Sin embargo, el texto que propone el PP no contempla ningún plazo para el pronunciamiento del TC, por lo que la aprobación de la reforma estatutaria o su referéndum quedaría aplazada de manera ilimitada, hasta el pronunciamiento del tribunal.

El PP quiere antes y después

En caso de que el máximo tribunal español observara algún tipo de inconstitucionalidad, los trámites de la reforma estatutaria no podrían continuar hasta que esos preceptos sean modificados o suprimidos.

Lo llamativo es que el PP propone que «el pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la vía previa».

Las propuestas de PP y PSOE se tomarán hoy en consideración por parte del Pleno del Congreso, donde se debatirán de forma conjunta.

El PNV recuerda que solo hay prevista reforma en la CAV

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, denunció ayer la decisión de PP y PSOE de retomar el recurso previo de constitucionalidad y llamó la atención sobre que el paso se dé cuando todas las reformas estatutarias están hechas y se anuncia la puesta en marcha de la ponencia de autogobierno en el Parlamento de Gasteiz.

Esteban cargó con dureza contra las formas y el fondo de esta reforma. «Nos parece de una gravedad extrema en el momento en que nos encontramos. ¿Contra qué o en previsión de qué se quiere poner ahora este recurso previo de inconstitucionalidad? ¿Qué estatutos faltan por reformar? ¿Por qué tanta prisa? Todos los nuevos estatutos se han hecho sin este recurso previo, pero resulta que ahora, que se pone en marcha en el Parlamento Vasco la ponencia correspondiente, se trata de manera diferente el asunto y se pone un recurso previo de inconstitucionalidad. ¿Están pensando en alguna CCAA en concreto?», se preguntó el portavoz jeltzale. Y añadió que la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, fue la que metió prisa para que el punto se trate en el pleno de hoy, acelerando trámites.

El PNV critica que «se quiere convertir al TC en una tercera cámara legislativa, una tercera cámara que no tiene ninguna legitimidad por la manera de ser elegida, en virtud del juego de las mayorías que hace que exista un reparto ideológico entre el PP y el PSOE. El TC no goza hoy de credibilidad», subrayó Aitor Esteban. A su entender, el recurso previo que hoy inicia su trámite de aprobación supone una injerencia del poder judicial en el legislativo. GARA