No pasa muy a menudo que dos grandes problemas tengan una misma solución. Sería demasiado ambicioso decir que ocurre con las cooperativas de energía verde, pero según aseguran sus defensores, estas cooperativas al menos sí que trazan el camino a seguir para poner remedio a dos grandes problemas: uno de carácter global –el cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles– y otro que afecta más bien al bolsillo de cada uno: la factura eléctrica, que en el Estado español ha subido más de un 70% desde 2007 y se sitúa entre las más caras de Europa.

Vayamos por pasos. No hace falta más que pasearse por la castigada costa cantábrica para percibir que el cambio climático es ya una realidad. El agotamiento de los recursos fósiles resulta menos evidente, aunque no es, ni mucho menos, ajeno al aumento de los precios de la energía. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el llamado ‘Peak Oil’ –el pico máximo de la extracción de petróleo– se produjo en 2005. Es decir, que nunca más se podrá extraer más cantidad de petróleo que en 2005, algo que entra en una evidente contradicción con la receta oficial de aumentar el crecimiento económico para salir de la crisis. Algo parecido ocurrirá en los próximos años con otros recursos fósiles como el gas.

Ante la evidencia del cambio climático y el fin de los combustibles fósiles que en buena parte lo han provocado o agravado, las energías renovables aparecen, a ojos de todos los especialistas, como única alternativa posible a largo plazo. No es ya un asunto de comunas hipis autosuficientes, sino que es algo defendido por entes tan poco sospechosos como la propia AIE, que en un reciente estudio publicado el pasado mes de febrero defiende la capacidad –y necesidad– que cualquier país tiene para incrementar su producción de energía renovable, la llamada energía verde.

Reducir la factura eléctrica a largo plazo

Al lado del cambio climático, la factura de la luz que cada mes rasca los bolsillos de todos parece poca cosa, pero no lo es, menos en tiempos de crisis y de aumento acelerado del índice de pobreza energética, es decir, de hogares que no pueden satisfacer sus necesidades energéticas por motivos económicos. No en vano, como hemos recordado al principio, el precio de la factura ha subido más de un 70% desde el inicio de la crisis.

Eso se debe, por un lado, a que el precio de la electricidad en si ha subido, algo a lo que no es ajeno el ya mencionado ‘Peak Oil’: cuanto menos combustible fósil quede por extraer –y cuanto más difícil sea su extracción– más cara será la energía que consigamos. Es por ello que, en la entrevista que acompaña este reportaje, el miembro de Som Energia Marc Roselló asegura que, a la larga, «la energía verde resultará mucho más barata», sobre todo teniendo en cuenta que el Estado español se ve obligado a importar la inmensa mayoría de energía de origen fósil que consume. Algo que además deja a territorios como Euskal Herria sin combustibles fósiles, a expensas de los caprichos de los países exportadores.

Por otro lado, la estructura del mercado energético español tiene también su parte de responsabilidad en el encarecimiento de la factura; no en vano, pagamos una de las electricidades más caras de toda Europa. Esto tiene mucho que ver con el oligopolio eléctrico formado por las cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Enagás y Red Eléctrica, que actúan en bloque cuando se trata de preservar el actual modelo. El cambio pasa, por lo tanto, por una reforma del mercado energético que limite el poder a estas grandes compañías.

Los impuestos que incorpora la factura –con los que las compañías aseguran no tener nada que ver aunque son impuestos que, en su mayoría, van a parar a las arcas de dichas compañías–, y el llamado déficit tarifario –diferencia entre lo que supuestamente cuesta generar la energía y el precio a la que se vende– son las principales causas del encarecimiento de la factura. Sin embargo, el dichoso déficit tarifario genera importantes dudas entre asociaciones de consumidores y especialistas, que piden una auditoría que aclare el verdadero coste que supone la producción. La clase política española, con el PP y el PSOE al frente, siempre se ha negado. Buen momento para recordar que una cuarentena de altos cargos de estos dos partidos están colocados o han pasado por alguna de las grandes compañías energéticas, empezando por los expresidentes Felipe González –en el Consejo de Administración de Gas Natural hasta este año– y José María Aznar –asesor de Endesa–.