Se trata, por tanto, de una «cuestión interna». Lo que hay que evaluar y analizar es si el personal del 112 y los médicos actuaron como debían. Y a esos efectos lo mismo da si la víctima vivía en Argantzun o en Dulantzi. Habrá que ver también si a día de hoy el número de ambulancias con el que cuentan los servicios públicos son suficientes para atender la demanda existente o si, por el contrario, hay una carencia objetiva en esta materia. Pero también para esto es indiferente que se hable de un caso ocurrido en Argantzun o en Dulantzi.

Lamentablemente, la afirmación inicial de que el 112 había remitido a la familia a buscar una ambulancia en Miranda -desmentida por las grabaciones, según el consejero de Sanidad, Jon Darpón- ha provocado una estúpida guerra y alimentado una degradante explotación amarillista/nacionalista de la tragedia. La ministra, Ana Mato, azuzó las llamas afirmando falsamente que «no hay ningún protocolo» para actuar en este caso, añadiendo que «todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia sanitaria en toda España, por ser españoles». Diputados del PNV en el Congreso estuvieron igualmente desacertados, ligando lo ocurrido con los problemas administrativos de Trebiñu, hasta el punto de que se vieron obligados a disculparse por sus declaraciones «(pronunciadas o atribuidas)» según su nota.

Aquí hay una familia que ha perdido lo que más quería y a la que se le debe una investigación, la asunción de responsabilidades si las hubo y una reparación si procede, no una guerra barriobajera de políticos y tertulianos.