El convenio ha sido suscrito en Donostia por el Ararteko, Iñigo Lamarca, y el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, en un acto en el que ambos se han comprometido a impulsar la coordinación, cooperación e información recíproca ente ambas instituciones para llevar a cabo «una defensa más eficaz» de los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Lamarca ha destacado la importancia de este «nuevo marco de colaboración» en una situación sociolingüística que «resulta aún, en gran medida, desfavorable para el euskera».

El Ararteko ha afirmado que, al analizar las quejas que recibe la institución de los ciudadanos sobre esta cuestión, se constata que los derechos de los vascoparlantes en sus relaciones con la Administración «no están debidamente garantizados en algunos ámbitos», entre los que ha citado Osakidetza, la Ertzaintza o la Administración de Justicia.

De ahí la necesidad de «optimizar la efectividad de las quejas», ha dicho Lamarca, quien ha explicado que merced a este convenio las incidencias «se coordinarán mejor» con el servicio autonómico Elebide, lo que favorecerá «una mayor protección de los derechos lingüísticos».

El viceconsejero ha subrayado que los poderes públicos tienen la obligación de adoptar medidas que garanticen «la libre opción lingüística» para el uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de la CAV, para que «nadie se sienta impedido o dificultado» al usar el idioma de su elección. Baztarrika ha reconocido que el «modélico» marco legal «no siempre se traduce en la práctica en el ejercicio efectivo» de este derecho.

Como dato indicativo «de las dificultades que persisten», ha recordado que de las 1.821 quejas o reclamaciones que el servicio Elebide ha registrado desde 2007, un 97,3% de ellas referidas al euskara y el resto al castellano.

El convenio suscrito permitirá por tanto intercambiar las quejas recibidas y las informaciones que cada institución posee de situaciones de discriminación por razón de lengua o vulneraciones de derechos que se produzcan en los servicios públicos y las administraciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.