Todos somos Pumas 70 (en referencia a una de las unidades policiales cuyos miembros resultaron heridos el pasado 22 de marzo) o «todos somos UIP» son algunos de los gritos que pudieron escucharse el pasado miércoles en Madrid en una protesta en la que, por una vez, los encargados de disolver marchas se habían convertido en manifestantes. Unos 600 agentes españoles reclamaban dimisiones por lo que consideran una mala gestión de los incidentes que cerraron las marchas de la dignidad pero, también, más material antidisturbios. Pese a que un manifestante perdió un testículo y otro el 90% de la visión de un ojo, además de las decenas de constusionados, los policías han insistido en el mensaje de que faltó contundencia. Y se han vuelto contra sus superiores. La rebelión de los antidisturbios es una de las consecuencias de los enfrentamientos registrados el pasado sábado en la capital del Estado español, que dejaron un balance de 108 heridos y 21 detenidos (de los cuales uno fue enviado a prisión). Más allá de la jornada en sí, la resaca post 22M ha dejado en evidencia el incremento de la estrategia criminalizadora. Previamente ya estaba en marcha la ofensiva legal, con reformas como la del Código Penal, del ministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, o la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por Jorge Fernández Díaz, titular de Interior. Como (casi) todo tiene un límite, hasta los magistrados del Consejo General del Poder Judicial han considerado que existen elementos de «inconstitucionalidad» en ambas normativas. Y es ahí donde entra una campaña que fluye en paralelo: el señalamiento por parte de medios y políticos de la derecha española para crear el caldo de cultivo para la aplicación de medidas excepcionales. En Euskal Herria, la batalla al independentismo justificó la aplicación del «derecho penal del enemigo», teorizado por el alemán Günter Jakobs y que despoja de derechos a quien no acata el ordenamiento jurídico. ¿Nos acercamos en Madrid al desarrollo de un plan ZEN adaptado al actual momento de descontento social?

Cuando Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, realizó un tour a través de diversas televisiones mostrando las supuestas «armas» utilizadas el 22M, tertulianos y líderes de la derecha española clamaron por la «mano dura» contra los «violentos». Entre el arsenal exhibido, una muleta-cuchilla que completaba la tesis de que un agente habría recibido «puñaladas». El problema es que el agente mentía, al igual que otros portavoces de sindicatos policiales. El artilugio nunca apareció en la marcha, sino que fue intervenido en los juzgados de plaza Castilla, también en Madrid, un día antes de la manifestación. Como ya señalaba el plan antiinsurgente aplicado en Euskal Herria, «basta que una información sea creíble para explotarla». Y eso es lo que se ha hecho. El caso de la muleta no es el único. Desde la misma mañana del 23 de marzo, los hipotéticos testimonios de manifestantes que clamaban por «matar» a los agentes han copado las portadas de las cabeceras españolas. De hecho, unas supuestas palabras de Miguel M.S. recogidas en el atestado policial, difundidas ampliamente en prensa y en las que se jactaría de estar «de subidón» tras haber golpeado con una piedra a un policía se han convertido en la única razón para mantenerle en prisión. «No hay absolutamente ninguna prueba», rebate Silvia Yáñez, miembro del equipo legal de las marchas.

«Estamos ante una estrategia de criminalización», denuncia la letrada, que califica de «política» la decisión del juez de enviar a la cárcel al joven. Algo no habitual en Madrid En este contexto, no se pueden pasar por alto los varapalos judiciales recibidos por el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana. Tampoco, el hecho de que miembros de la OSCE se encontrasen supervisando la marcha. O las disfunciones en el campo de los uniformados. O el intento de vincular a una Resitencia Galega convertida en totem por la Audiencia Nacional. Con jueces y diversas instituciones internacionales poniendo la lupa sobre normas que atentarían contra derechos básicos como el de manifestación, no sería descabellado pensar que el PP ya piensa en aplicar métodos de legislación de excepción mientras legitima socialmente su achique de libertades.