La creación de esta comisión se aprobó en el pleno del pasado 27 de febrero con los votos de EH Bildu, PP y UPyD, mientras que el PSE se abstuvo y el PNV votó en contra. La componen Luis Javier Tellería y Josune Gorospe, por el PNV, Igor López de Muniain y Unai Urruzuno por EH Bildu, Vicente Reyes y Susana Corcuera por el PSE, Carmelo Barrio y Carmen López de Ocariz por el PP y Gorka Maneiro (UPyD).

Estará presidida por Barrio (PP), mientras que Corcuera (PSE) ocupa la Vicepresidencia y Gorospe (PNV) la Secretaría. Los tres partidos han llegado a un acuerdo para el reparto de puestos en una maniobra criticada por EH Bildu, segunda fuerza en la Cámara y que había propuesto a Unai Urruzuno como presidente de la comisión. La coalición ha expresado su temor a que dicho pacto tenga como objetivo que no aflore todo lo sucedido en estos dos casos.

La comisión inicia su andadura sin esperar a los informes que sobre ambos asuntos elabora el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Este órgano ha anunciado un retraso en la conclusión del informe que está preparando para fiscalizar las ayudas públicas de 46,2 millones de euros que recibió Epsilon, firma que quebró y cuyo administrador, Joan Viladelprat, fue condenado por agravar con su gestión la situación de la empresa. Este informe no estará listo hasta el mes de junio.

El TVCP también trabaja en otro informe sobre el proyecto de coche eléctrico Hiriko, que también fracasó al no llegar a comercializarse y que recibió 2,7 millones del Gobierno de Lakua y cerca de 15 millones del Ejecutivo de Madrid.

Se ha fijado el 15 de abril como la fecha hasta la cual los grupos podrán presentar las solicitudes de comparecencia y de documentación. Ese mismo día, la Comisión abordará el plan de trabajo, con un calendario definido y se fijará la dinámica de funcionamiento.

Barrio, que no ha querido «prejuzgar ninguna cuestión ni hacer análisis previos», ha recordado que el Parlamento acordó constituir esta comisión sobre las ayudas, subvenciones y créditos concedidos por las diferentes administraciones y organismos públicos a Epsilon e Hiriko y las «responsabilidades políticas» que de ello pudieran derivarse.