Pasado mañana, miércoles, arrancan los trabajos de la ponencia de autogobierno, que en su primera reunión debe fijar la metodología de trabajo, el calendario y la nómina de comparecientes. Pese a que todavía queda mucho de legislatura, cabe decir que del buen desarrollo y de la obtención de frutos de esta ponencia depende en buena medida el balance final del mandato de Iñigo Urkullu.
«Dos años a fondo con la crisis y luego hablaremos del estatus». Con esta frase resumía Iñigo Urkullu sus intenciones de gobierno dos días antes de que se celebraran las elecciones que lo condujeron a Ajuria Enea. Estas dos prioridades se completaban con la pretensión de asentar las bases para la paz y la convivencia, una vez que ETA había cesado definitivamente su actividad armada.
Todavía no se han cumplido los dos años de lucha contra la crisis, pero parece difícil que en el plazo previsto se produzca un repunte visible de la economía. El pasado viernes el lehendakari quiso ver en la leve recuperación en la actividad industrial una «tendencia en positivo por un ciclo largo». Pero lo que vive la ciudadanía es, sobre todo, el problema del paro y en esta materia el dato cierto es que hoy hay al menos unas diez mil personas más demandando empleo que cuando Iñigo Urkullu fue investido lehendakari.
Por otra parte, la evolución económica está tan interrelacionada con factores estatales e internacionales que es díficil de explotar como mérito en el ámbito de la CAV, más aún cuando en este momento las cifras del desempleo están teniendo un comportamiento más negativo que en el Estado español, aunque las cifras globales resulten mejores.
Sin interlocución para la paz
En materia de paz y convivencia, lo más destacable a estas alturas de la legislatura es que el lehendakari, Iñigo Urkullu, y su secretario general para la materia, Jonan Fernández, solo se entienden con ellos mismos. No existen vías de interlocución normalizada fuera del propio Ejecutivo y del partido que lo sustenta.
De momento, lo único que funciona es aquello que depende en exclusiva de la labor de la Secretaría de Paz y Convivencia y que viene resumiéndose en el encargo de diversos informes a profesionales o expertos externos y la puesta en marcha de planes que atañen a diferentes departamentos de la administración.
E incluso en este campo, esta misma semana se ha podido comprobar, con el cese del asesor Txema Urkijo, que el entendimiento dentro del propio equipo del gobierno era mucho más precario de lo que trascendía públicamente.
La Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento, que debía haberse convertido en el motor de consensos o al menos de «microacuerdos» entre los partidos políticos, alimentando así toda la estrategia en el terreno de la normalización política, se encuentra absolutamente paralizada sin siquiera haber iniciado los trabajos. La no entrada del PP, pese a las concesiones previas que le hizo el PNV, provocó que el PSE sintiera vértigo a seguir adelante y se apeara antes de arrancar.
La voluntad del Ejecutivo de Urkullu de «mantener canales fluidos de diálogo y trabajo discreto para la búsqueda de soluciones conjuntas con el Gobierno español en los diferentes niveles y temáticas que están relacionadas con los objetivos de paz y convivencia» se encuentra con la realidad de que en ocasiones Mariano Rajoy le abre la puerta de la Moncloa al lehendakari para escucharle, pero sin hacer caso alguno a sus propuestas. En otros periodos, ni siquiera responde a sus llamadas telefónicas.
Y en las últimas semanas se ha producido, además, una congelación de los cauces de interlocución con Sortu que se mantenían directamente o a través de Jonan Fernández. La formación independentista se ha cansado de que el Gobierno de Urkullu intente ganarse el favor de Madrid a base a poner deberes constantemente a la izquierda abertzale, pretendiendo además queestos se cumplan en los plazos impuestos por Lehendakaritza. Entiende que Lakua no busca con ello avanzar en el proceso, sino tratar de maquillar su escasa cuenta de resultados en esta materia.
Aunque Lehendakaritza haya dado pasos positivos como los relacionados con los verificadores, la izquierda abertzale está muy molesta con otros movimientos y con la respuesta ofrecida a los pasos dados por los presos para acceder a sus derechos, que no deben estar sujetos al chantaje político.
El nuevo estatus va con retraso
La búsqueda de un nuevo estatus para la CAV es el tercero de los tres grandes compromisos y ya va con retraso, puesto que Urkullu declaró que quería iniciar los trabajos preliminares en el primer semestre de 2013. Ahora todo indica que el PNV no quiere entrar a fondo en materia hasta después de las elecciones municipales y forales.
El calendario y la fórmula de trabajo que se acuerde esta semana podrá dar una pista de hacía dónde apunta Iñigo Urkullu: si quiere finalizar la legislatura con una promesa cumplida o si pretende convertirla en banderín de enganche electoral para la campaña de 2016.
El Estatuto de 1979 está incumplido por el bloqueo unilateral de Madrid
La ponencia de autogobierno de 2002 llegó a la conclusión de que el Estatuto de 1979 había sido incumplido hasta esa fecha y denunció públicamente la responsabilidad política del Gobierno español en ello «por haber propiciado unilateralmente el bloqueo del proceso de transferencias» articulado para su desarrollo.
La mayoría de las 57 personas que pasaron por la comisión entre febrero y junio de 2002 se centraron en el análisis del desarrollo estatutario, coincidiendo en que una vez superado el primer impulso inicial y los años 1985 y 1987, el proceso de transferencias había entrado en un proceso de parálisis, que solamente se rompía de manera ocasional cuando el partido en el Gobierno español tenía la necesidad de acuerdos con el PNV para aprobar sus presupuestos.
Y así ocurrió también en el último periodo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando Madrid acordó con el PNV un calendario de veinte transferencias de orden menor a espaldas del Ejecutivo de Patxi López. I.I.
La base de que Euskal Herria es un sujeto político con derecho a decidir está puesta
Ahora que la minoría parlamentaria intenta poner límites a que en la ponencia de autogobierno se pueda hablar sobre el derecho a decidir, habría que recordar que el concepto de Euskal Herria como «sujeto político» y su derecho de autodeterminación ya están oficialmente aprobados por el Parlamento de Gasteiz y -cabe advertirlo- cuando la correlación de fuerzas no era tan favorable como ahora a los abertzales.
En julio de 2002, tras los primeros trabajos de la Comisión Especial de Autogobierno, el Parlamento aprobó «reconocer la existencia del Pueblo Vasco o Euskal-Herria, esto es, el reconocimiento del sujeto político como una realidad social y cultural común con identidad propia que pertenece por igual a los vascos y vascas de los siete territorios».
Además, reiteró «el derecho que asiste a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, ubicados en el Estado español, a establecer el marco de relaciones jurídico-políticas que estimen más adecuado, sin más limitaciones que la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas». A esto se sumó la voluntad de posibilitar instrumentos de relación con Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera.
El Parlamento afirmó que «desde el derecho a la libre determinación del pueblo vasco como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno, el Pueblo Vasco tiene derecho a ser consultado para poder decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, respetando la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de cada ámbito político en el que este se articula».
Estas resoluciones tuvieron después su concreción en el texto de nuevo Estatuto, aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento el 30 de diciembre de 2004. En su preámbulo, se determina que «el Pueblo Vasco o Euskal Herria es un Pueblo con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Europa, depositario de un patrimonio histórico, social y cultural singular, que se asienta geográficamente en siete Territorios actualmente articulados en tres ámbitos jurídico-políticos diferentes ubicados en dos estados».
Y se establece al mismo tiempo que «el Pueblo Vasco tiene derecho a decidir su propio futuro, tal y como se aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento Vasco, y de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido internacionalmente, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales».
Por lo tanto, estas son cuestiones que, aunque pueden ser objeto de controversia y debate, están aprobadas ya por la Cámara autonómica y, por lo tanto, a estas alturas solo cabe poco más que ratificar dichos acuerdos y tomarlos como base para explorar nuevos caminos de futuro. Nadie entendería que un parlamento que cuenta con 48 escaños abertzales de 75 diera marcha atrás sobre lo aprobado cuando no eran más que 43.
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