El diputado de la coalición abertzale, Rafa Larreina, ha defendido el texto El diputado de la coalición abertzale, Rafa Larreina, ha defendido el texto haciendo hincapié en el sexto punto del citado documento europeo. Según ha subrayado, ahí «se señala que la situación de conflicto o de post-conflicto engendra frecuentemente disfunciones de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en las que a menudo los Derechos Humanos son los primeros que se ven afectados».

En este sentido, ha reiterado la disposición de Amaiur para abrir vías de diálogo y resolución recordando que las elecciones europeas del pasado domingo reforzaron las posiciones de quienes, como EH Bildu, abogan por un escenario de soluciones. Además, se ha dirigido directamente al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

«Queremos subrayar, una vez más, la necesidad de que el Gobierno cambie de rumbo y opte por una posición activa, no para obstaculizar el proceso, no para no hacer nada y demorarlo», ha insistido. A su juicio, esta es una demanda que comparte tanto la mayoría de la sociedad vasca como también de la española. «Nos piden que hablemos, que busquemos acuerdos, que abordemos la reparación de todas las injusticias cometidas y sufridas a lo largo de tantos años, y que consigamos que la reconciliación y el respeto democrático a la voluntad de la ciudadanía sean la base firme para un futuro en paz y libertad para Euskal Herria», ha remarcado.

La propuesta de Amaiur solo ha encontrado respaldo en IU, ERC, BNG y PNV. Estos últimos, además, han recordado, por boca de su portavoz, Emilio Olabarria, que han pasado dos años desde que la propia Cámara Alta aprobó el mandato de establecer un plan de Derechos Humanos y, sin embargo, el Gobierno español no lo ha activado. En este sentido, los jelkides solicitaron hace meses la comparecencia de la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, sin que esta todavía se haya producido, pese a que existe un mandato parlamentario.

Desde PP y PSOE, sin embargo, se ha insistido en los argumentario que ya desplegó hace dos semanas el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Los dos han insistido en que el informe no se refería concretamente al Estado español, por lo que se han opuesto a un nuevo plan. El PSOE ha razonado que, tomando en cuenta que el Ejecutivo de Rajoy no ha cumplido con las demandas parlamentarias en esta materia, no podían avalar la suma nuevas obligaciones.

El PP, además de aferrarse al discurso de Fernández Díaz, ha insistido en la descalificación de Amaiur. «Todavía no han exigido la disolución de ETA», ha señalado su portavoz. Esto ha provocado un rifi-rafe con Larreina, que ha tomado la palabra por alusiones, recordando que la coalición rechaza todas las violaciones de Derechos Humanos. No ha servido de nada.

El PP, con aplausos en su bancada, ya tenía decidido votar en contra de un plan de Derechos Humanos. Significativo, teniendo en cuenta que el anterior, un documento aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se viene incumpliendo, tal y como reconocía en 2012 el propio Ejecutivo. Pese a que la mayoría del Congreso le instó a desarrollar uno nuevo hace más de dos años, este todavía no se ha puesto en marcha.