Según han informado, «tanto la familia como los abogados de confianza desconocen dónde y en qué situación se encuentra Tomás a manos de la Guardia Civil y el juzgado se niega a dar ningún tipo de información». La familia solicitó la aplicación del «hábeas corpus» –el paso cuanto antes delante del juez– y la aplicación de otras medidas preventivas, pero ha sido denegado por el magistrado Eloy Velasco argumentando en que Madina «está siendo visitado por el médico forense de la Audiencia Nacional y que no existen indicios de malos tratos».

Frente a esta situación, ambos organismos han insistido en exigir el fin de la incomunicación, y mientras esta perdure han reclamado que se la estancia en los calabozos sea grabada, que se permita el acceso a un médico y un abogado de confianza y que sus familiares sean informados sobre su estado y el lugar en que se encuentra.     

«Hacemos un llamamiento a las diferentes instituciones, partidos políticos, sindicatos y organismos de Euskal Herria que tomen una posición firme contra la tortura declarándose públicamente en contra de la incomunicación y pidiendo que no se vuelva a aplicar», añade el documento.