Según el Ejecutivo de Madrid, la ley navarra vulnera la normativa básica del Estado ya que la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998 establece que corresponde a la administración general del Estado conceder las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación cuando afecte al ámbito territorial de más de una comunidad autónoma.
La ley foral prohíbe de forma «absoluta» la exploración y explotación de los hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de la fractura hidráulica, lo que según el Gobierno del PP constituye una invasión de las competencias estatales.
Ha recordado además que estas argumentaciones están sustentadas en la reciente aentencia del Tribunal Constitucional que anuló la ley de Cantabria que regulaba la prohibición del fracking en ese territorio.
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