Al Estado español parecen habérsele acabado todos los argumentos ante la demanda de explicaciones de Naciones Unidas por su inacción ante los crímenes franquistas. Su embajadora en el Consejo de Derechos Humanos que se ha celebrado toda esta semana en Ginebra, Ana María Menéndez, puso ayer sobre la mesa una nueva argucia. En respuesta a la demanda de un cronograma detallado sobre qué van a hacer para encontrar a las víctimas aún desaparecidas, sostuvo que la ONU no es competente para pedirle cuentas porque se creó en 1945, nueve años después de que se iniciara la guerra y seis después de su conclusión. Cabe matizar que la demanda de explicación no se restringe a la fase bélica, sino que alcanza a las décadas posteriores del régimen hasta llegar a desaparecidos como José Miguel Etxeberria, Naparra (1980).

El mandato ha sido formulado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, y se ha analizado en estas sesiones junto al informe del Relator para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No-Repetición. Ambos son muy coincidentes en sus reproches a Madrid, pero el primero le encomienda además a tomar iniciativas concretas ya, en un plazo de 90 días. Así las cosas, el Gobierno del PP ha decidido tirar por elevación y descalificar directamente al demandante: «A nuestro juicio no es correcto que el Grupo de Trabajo se atribuya una competencia para el examen de los hechos del pasado que incluyen aquellos que han tenido lugar antes de la propia existencia de Naciones Unidas. Es especialmente sorprendente», alega.

La descalificación de estas instancias de la ONU contrasta totalmente con la actitud mostrada por gobiernos igualmente interpelados, como el de Uruguay, que anuncia que seguirá las recomendaciones, o el de Argentina, elogiado ayer como modelo [ver página 20].

Por otra parte, Madrid sigue negando la mayor: «Ha habido y sigue habiendo una acción del Gobierno», enfatizó Menéndez, citando como ejemplo «el mapa de localizaciones de 2.382 fosas de 45.134».

Víctimas, en Ginebra

Mientras la embajadora española expresaba esta posición en la sala, en un foro anexo miembros y asociaciones de víctimas vascas y estatales ofrecían más explicaciones a más de una treintena de representantes de organizaciones de derechos humanos y de estados (entre otros estaban Cruz Roja Internacional, Sáhara, Cuba, Vietnam...)

Resultó significativo que a la sesión se sumara, sentándose en la mesa, el propio Relator de la ONU autor del informe, Pablo de Greiff, que tuvo una vehemente intervención. Indicó a las víctimas que «no podéis permitios el lujo de cansaros, al igual que yo» y destacó la importancia del impulso de la sociedad civil para lograr la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición, que son los objetivos de su oficina.

Las explicaciones corrieron a cargo del historiador Iñaki Egaña, Pilar Garaialde (Egiari Zor), Josu Ibargutxi (Goldatu y otras asociaciones) y Paqui Maqueda (CeAQUA). Como moderadora intervino Iratxe Urizar, también de Egiari Zor. Iñaki Egaña trazó un recorrido por la represión franquista llegando hasta la guerra sucia de estas últimas décadas, como evolución de un mismo terrorismo de Estado.

Los asistentes, con un perfil eminentemente técnico, solicitaron detalles sobre la situación actual de las víctimas del franquismo. Y algunos destacaron positivamente la proliferación de asociaciones y colectivos de memoria histórica.

La víspera, varias ONG destacadas, entre ellas Amnistía Internacional, remitieron una carta al Gobierno español en la que le instan a atender a la ONU.