El pleno del Parlamento de Gasteiz ha debatido y votado las 149 propuestas de resolución que han presentado los grupos en el pleno monográfico sobre paro y pobreza, de las que han salido aprobadas medio centenar.

Entre las resoluciones aprobadas está una transaccional presentada por el PSE y UPyD que ha contado con el apoyo de toda la Cámara en la que además de comprometerse a fortalecer el sistema de protección social rechaza «cualquier intento de instrumentalización partidaria» del mismo.

Ha rechazado las «generalizaciones, estigmatizaciones de colectivos o cualquier otro elemento que enfrente a la ciudadanía que pasa necesidades, que solo pretenden debilitar y recortar el sistema de protección social».

Estos puntos han contado con el apoyo de todos los grupos, incluso del PP, que en las últimas semanas y sesiones ha recibido las críticas del resto de partidos por sus propuestas de revisión de la RGI.

En la misma enmienda, con el voto en contra del PNV y la abstención del PP, la Cámara ha acordado instar al Gobierno de Gasteiz a que integre en el sistema de protección social a quienes «hoy están excluidos», como los que se están quedando sin prestaciones por desempleo.

La Cámara también ha aprobado una resolución propuesta por el PNV en la que se pide la revisión del «conjunto de requisitos de ayudas y prestaciones sociales», con el fin de evaluar «posibles consecuencias lesivas para determinados colectivos y personas potencialmente beneficiarios».

Esta resolución se desarrollaba con otras del miembro grupo, apoyadas por todos los grupos excepto el PP, en la que se acuerda no considerar inmueble a los efectos de denegar una prestación los inmuebles distintos a la casa habitual que no sean vivienda y que tengan un valor inferior al importe anual de la RGI que correspondería en ausencia total de ingresos, algo más de 7.000 euros anuales.

También se ha reclamado no suspender la RGI a nadie por ingreso en un hospital o un centro de salud mental cuando su estancia sea superior a un mes, con un límite de tres, una medida revisable trimestralmente para no generar una situación de mayor pobreza.

Otra de las revisiones aprobadas es la de conceder la RGI a aquellas personas con contrato de trabajo en vigor pero que, por diversas circunstancias, la empresa no le está pagando su sueldo, una vez que lo denuncie en un juzgado de lo social.

Otra previsible reforma es la revisión de los baremos de adjudicación de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, en cuestiones como el límite de ingresos, antigüedad y número de miembros de la familia, entre otros.

El Parlamento, sin el apoyo del PNV, ha rechazado los «recortes sociales impulsados por el Gobierno Vasco por injustos y contraproducentes» y le ha instado a «fortalecer el Estado de Bienestar, la educación y la sanidad públicas, así como las prestaciones sociales, dedicando recursos públicos a atender prioritariamente a los ciudadanos que más están sufriendo la crisis económica».