Un conductor de Bizkaibus fue denunciado por el Consistorio bilbaino el 6 de octubre de 2012 por rebasar un semáforo en rojo con el autobús de la línea A3216 Bilbo-Artxanda, a la altura del nº 29 de la calle Iparragirre. La supuesta infracción fue captada a las 14.13 a través de cámaras fijas ubicadas en ese punto.

Lo sorprendente es que, tal y como acreditan certificados expedidos por la operadora de la línea, el chófer estaba con el autobús en otro punto de la villa. El recurso del afectado, al que se había multado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné, fue desestimado, por lo que el conductor abonó la sanción.

A continuación, el conductor interpuso un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Bilbo, que ha resultado favorable a sus tesis. La titular del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 lo estimó, resolviendo que la administración local vulneró la presunción de inocencia del chófer y le dejó en situación de indefensión.

Cinco meses después de que les fuera notificada la sentencia -se queja el afectado- el Consistorio aún no ha depositado en el juzgado la devolución de la multa más los intereses generados, así como las costas del procedimiento judicial y tampoco ha certificado la restitución de los puntos del permiso de conducir.

El Ayuntamiento lo reconoce

En un documento enviado por el Ayuntamiento en abril al juzgado se indica que los seis equipos de cámaras detectoras de paso en rojo instalados en 2009 por una contrata «no están homologados y no tienen control metrológico», lo que para el chófer afectado es «una grave irregularidad e ilegalidad». También es la opinión de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que, tras diversas sentencias favorables a los conductores, señala que «las multas de semáforo serán nulas si los aparatos de captación no tienen control metrológico».

Para el afectado, la resolución judicial deja en evidencia «la voracidad recaudatoria del Ayuntamiento de Bilbo que, sirviéndose de unos equipos de captación con fallos en su funcionamiento y de muy dudosa legalidad, está avocando injustificadamente a los conductores a tener que, a través de costosos procedimientos, acudir a los tribunales para defender sus legítimos derechos frente a sanciones injustas e ilegales».

Por todo ello, insta a los responsables municipales a que ordenen la homologación y el control metrológico de los seis equipos instalados.