El portavoz de Salhaketa, César Manzanos, ha criticado la propuesta de Javier Maroto de denegar a una persona condenada por un delito grave la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y ha advertido de que la mayoría de las personas que están en la cárcel se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.

Manzanos ha explicado que lleva muchos años acompañando a personas cuando salen de la prisión para ayudarles en su reinserción y ha indicado que aquellos que no tienen recursos, si reciben un mínimo de ayudas no vuelven a prisión, por lo que estas prestaciones son una medida «eficaz» para evitar el delito común.

Asimismo, considera que negar ayudas sociales a un condenado es inconstitucional y ha asegurado que si sale adelante la reforma de la ley que regula el acceso a la RGI tal y como la plantea Maroto, Salhaketa estudiará emprender acciones legales.

Por otro lado, ha propuesto que los delincuentes económicos y políticos corruptos no sean enviados a la cárcel sino que su condena sea la expropiación de su patrimonio para fines sociales y la obligación de vivir para siempre con «ese dineral» que dicen algunos que supone la RGI y haciendo trabajos al servicio de la comunidad.

Manzanos ha citado un estudio reciente de la Universidad de Las Palmas, que estima en 40.000 millones de euros el coste social anual de la corrupción en el Estado español, y ha dicho que solo con ese dinero sería suficiente para pagar 700 euros mensuales a cada una de las casi 5 millones de personas desempleadas del Estado.

Finalmente, ha acusado al alcalde de Gasteiz de utilizar a la ciudadanía de la capital alavesa «con mentiras» en beneficio de su «carrera hacia puestos de mayor poder en Madrid» y ha dicho que si fuera un edil solidario daría ejemplo renunciando a la mitad de su salario para ayudar a paliar la actual situación de emergencia social.

Esta propuesta la ha hecho extensiva al resto de la clase política y ha pedido a la ciudadanía que se movilice contra «tácticas electorales» y propuestas fundamentadas en «comparaciones obscenas y generalizaciones hirientes» que buscan «culpabilizar a quienes no son responsables de fraude alguno».