«¿Qué harían cada uno de ustedes si se les pidiese ayuda para una persona que ha estado en la primera línea de la lucha antiterrorista? Supongo que lo mismo que hice yo, y que han hecho antes de mi muchas personas y muchas empresas e instituciones en situaciones parecidas a la mía», empieza el comunicado remitido a los medios por Fernández, poco después de haber declarado ante la Fiscalía de Bizkaia.

«A principios de 2012, un líder del PP en Euskadi, me llamó para informarme, de hecho ya lo conocía por notorio, que venía siendo práctica habitual –a modo de ‘política de Estado’ respetada por todos los Gobiernos– que las personas vinculadas a Interior y lucha antiterrorista, como el caso del delegado del Gobierno en Euskadi, se les posibilitara alguna salida laboral», ha apuntado.

Durante una tertulia en Infozazpi Irratia, el senador del PNV Iñaki Anasagasti ha afirmado que quien hizo la petición fue Antonio Basagoiti, ex secretario general del PP de la CAV.

Ese tipo de pagos, ha dicho Fernández, se ha hecho respetando la ley «y una ‘ley no escrita’ que ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos durante los últimos 30 años», como «por ejemplo» a Paulino Luesma y Enrique Villar, que tras ser ambos delegados del Gobierno español en la CAV, estuvieron en la Embajada española en Lisboa.

También Juan Mari Jauregi, exgobernador civil de Gipuzkoa, que, tras su paso por ese puesto, comenzó a trabajar en Aldeasa, empresa vinculada a AENA, y Fernández ha preferido no dar más nombres porque no quiere «que sufran la injusticia» que él está viviendo.

Así, consideró «justo» que Kutxabank colaborara «en la búsqueda de una solución licita y sin perjuicio» para el propio banco.

A su entender, tras la denuncia por el pago al bufete de abogados vinculado a Mikel Cabieces, «hay una voluntad explícita» de atentar contra su honor y por ello, ha anunciado que un cuanto terminen las diligencias actuales, ejercitará las acciones correspondientes.

Declaración ante la Fiscalía

Poco antes, Fernández ha declarado por espacio de casi tres horas ante la Fiscalía de Bizkaia por la denuncia de Kutxabank de supuestas irregularidades durante su mandato.

El pasado 2 de febrero la Fiscal-Jefa de Bizkaia, María del Carmen Adán del Río abrió diligencias de investigación por las presuntas anomalías denunciadas por el banco, que se refieren a un contrato de prestación de servicios jurídicos que la entidad mantenía con un bufete de abogados de Bilbo vinculado al exdelegado del Gobierno español en la CAV, Mikel Cabieces.

Esas supuestas irregularidades habrían supuesto un coste de 243.592,02 euros para la entidad que el propio Mario Fernández devolvió tras conocerse la denuncia de Kutxabank.

Este viernes se han producido la comparecencia de Mikel Cabieces y, posteriormente, la de Mario Fernández. Cabieces, que se dio de baja en el PSE tras conocerse los hechos, no ha querido hacer manifestaciones y se ha limitado señalar que «es tiempo judicial», tras declarar durante dos horas, de 10.30 a 12.30.

Posteriormente, ha sido el turno del expresidente de Kutxabank, que ha llegado al juzgado a las once y media de la mañana y ha salido sobre las 14.20.

A su salida, Fernández, acompañado de su abogada, Arantza Estefanía, ha indicado que, en su comparecencia ante Adán, ha tenido la oportunidad de «dejar claras bastantes cosas» y se ha mostrado «muy satisfecho» con su declaración.

El expresidente de Kutxabank ha explicado en qué consistía la «operación» que el banco considera «irregular» y que no es «como se ha tratado de explicar en algunos casos».

Sin daños

Mario Fernández ha afirmado que era una operación «absolutamente legítima», que «no ha ocasionado ningún tipo de daño para Kutxabank». «En el improbable supuesto de que, sin perjuicio de ser legítima, hubiera ocasionado algún daño, tardé yo exactamente una tarde en reponerlo», ha señalado.

Por lo tanto, ha advertido que no va a admitir «lecciones de nadie en relación con Kutxabank». «Kutxabank lo hice yo, lo creé yo, lo peleé yo y lo dejé siendo el banco más solvente de España», ha añadido.

Fernández ha asegurado tener una «indignación notable» por la denuncia y ha indicado que, en cuanto concluyan las actuaciones, iniciará las acciones legales «correspondientes», aunque no ha querido precisar contra quién.