Durante la apertura del último ciclo legislativo de su mandato en el Congreso, Cristina Fernández ha desgranado los logros de la llamada década kirchnerista -que estrenó su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007)- y ha cargado con dureza contra la Justicia, en mitad de una crisis política e institucional sin precedentes derivada de la muerte del fiscal Nisman.

Nisman, fiscal especial del caso AMIA, murió el pasado 18 de enero, en circunstancias aún sin aclarar, cuatro días después de denunciar a la presidenta por encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado contra la entidad judía, que dejó 85 muertos en 1994.

Reforzada por una reciente sentencia judicial que desestima la denuncia de Nisman, Fernández sostuvo que esta demanda «sin pruebas» constituye «un escándalo, un bochorno» y una «vergüenza», especialmente porque semanas antes de presentarla, el fiscal había redactado documentos en respaldo a la labor del Ejecutivo en el esclarecimiento del atentado.

Fernández ha cargado contra el Poder Judicial, al que se refirió como el «partido judicial». «Hay que ser independiente del poder político, de los poderes económicos concentrados, de lo que nunca puede ser independiente el Poder Judicial es de la Constitución (...). Últimamente el partido judicial se ha independizado de las leyes», denunció la presidenta argentina.

Cristina Fernández ha aprovechado su última comparecencia ante el Congreso para asegurar que «hemos desendeudado» el país y anunciar que enviará un proyecto de ley para nacionalizar la gestión de los ferrocarriles.

Frente a la sede del Parlamento, decenas de miles de simpatizantes han expresado su respaldo a la presidenta en una concentración. Cristina Fernández, que llegó al poder en 2007, no podrá concurrir a las elecciones presidenciales del próximo octubre porque ha agotado los dos mandatos consecutivos contemplados en la Constitución.