El foco mediático internacional se sitúa estos días sobre las negociaciones del Gobierno griego para afrontar su deuda. A la vez que acomete esa batalla, con el ministro de Economía Yanis Varoufakis como adelantado, con bastante menos eco internacional Syriza va tomando otras medidas en el ámbito interno que alivian la situación de emergencia humanitaria interna. Así, ayer el ministro de Trabajo, Panos Skurletis, confirmó el aumento del Salario Mínimo Interprofesional de los 586 euros mensuales brutos actuales a 650 a partir del 1 de octubre.

Será solo un paso intermedio, ya que en un segundo momento fijado en julio de 2016 el SMI pasará a 751 euros, que era la cifra vigente hasta que en 2012 la Troika obligó a reducirlo. Ocurrió en el marco del segundo plan de rescate y con el argumento de que era necesario para mejorar la competitividad de las empresas griegas.

La cifra aprobada en este primer salto supone dos euros más que los 648 euros brutos mensuales del SMI español, uno de los más bajos de Europa. El ránking de la UE está encabezado por Alemania y el Estado francés, con salarios mínimos de más de 1.400 euros, y en la cola se sitúan Bulgaria o Rumanía, donde no llega a 200.

Skurletis anunció igualmente la eliminación del llamado «salario mínimo reducido», implantado para los menores de 25 años y que reducía la cifra a 511 euros mensuales brutos. El objetivo de la bajada de los salarios de los jóvenes fue facilitar su acceso al mercado laboral, según se dijo. Pero el resultado práctico fue que el desempleo juvenil se mantiene por encima del 50%, casi el doble del paro general (26% en diciembre de 2014).

Junto a ello, el ministro de Trabajo garantizó que antes de junio será presentado en el Parlamento el proyecto de ley que reintroducirá los convenios colectivos, con la aspiración de que recuperen su plena vigencia en julio del año próximo. La coalición de Gobierno anterior, dirigida por el conservador Andonis Samarás, había eliminado la negociación colectiva entre los agentes sociales, igualmente por imposición de la Troika.

En su lugar, en la actualidad en Grecia todo contrato se negocia de forma individual. El Gobierno de Tsipras considera sus planes laborales como «líneas rojas»&flexSpace;en la negociación con los acreedores, quienes, por su parte, exigen además la liberalización completa de los despidos en el sector privado. Esta exigencia fue uno de los puntos que impidieron que en otoño pasado la Troika cerrara la quinta evaluación del rescate.

Comisión de investigación

La jornada trajo otra noticia importante y reveladora del cambio político producido en Grecia tras el triunfo de Syriza en las elecciones de enero. De madrugada, el Parlamento aprobó la creación de una comisión de investigación que analice las circunstancias que obligaron a Grecia a firmar su primer plan de rescate en el año 2010 y las causas del aumento exponencial de la deuda.

La iniciativa de Syriza y su socio de la coalición, los nacionalistas Griegos independientes, contó con el apoyo de 156 diputados, mientras que votaron en contra 72 y se abstuvieron 22 parlamentarios.

En un debate tan intenso y profundo que duró más de ocho horas, el primer ministro, Alexis Tsipras, sostuvo que la comisión es una exigencia del pueblo que espera respuestas «sin ánimo revanchista» a los «muchos signos de interrogación» que se han planteado en los últimos cinco años.

Como ejemplos de las preguntas que deben ser contestadas con «imparcialidad y objetividad», Tsipras citó las circunstancias que condujeron a la quita parcial de la deuda en manos privadas en 2012, así como averiguar quién y por qué revisó los datos del déficit en 2009.

Las cifras del déficit de 2009 fueron en el pasado motivo de gran polémica política, pues primero se acusó al Gobierno saliente del conservador Kostas Karamanlís de falsearlas a la baja y luego a su sucesor socialdemócrata Yorgos Papandréu de hinchadas artificialmente para provocar la intervención de la Troika.

En réplica por la creación de esta comisión, el ex primer ministro conservador y actual líder de la oposición, Andonis Samarás, advirtió al Gobierno de Tsipras que si conduce el país a la quiebra en el futuro se creará un foro parlamentario que lo que deberá investigar es «quién estrelló el país contra las rocas».

Con el objetivo de aclarar si los anteriores Gobiernos defendieron los intereses de los griegos al firmar los programas de rescate, la investigación abordará cuatro periodos temporales y tiene la intención de depurar responsabilidades políticas.

Cuatro periodos

Aunque en ninguno de los periodos se citan nombres en concreto, la primera fase va de octubre de 2009 a mayo de 2010 y pretende dilucidar los motivos que llevaron al Ejecutivo del entonces primer ministro Papandreu a solicitar el primer paquete de ayuda financiera.

La segunda se centrará en el siguiente contrato, también bajo Papandreu, e irá del mayo de 2010 a noviembre de 2011.

La tercera fijará su atención en la quita parcial de la deuda en manos privadas, que formó parte del segundo plan de rescate, para lo que se define un marco temporal de noviembre de 2011 a mayo de 2012.

La última partirá de ese momento en adelante e indagará en las acciones tomadas por el Gobierno liderado por el hoy principal partido de la oposición, Nueva Democracia, hasta hace tres meses.

La comisión de investigación tratará además cualquier asunto que surja durante el curso de la investigación y no se limitará a lo ocurrido en estos periodos de tiempo.

Aunque no contempla que se investiguen eventuales delitos cometidos por políticos, si la comisión encontrara evidencias de que existieron responsabilidades penales se efectuará una recomendación para que el caso en cuestión sea perseguido en los tribunales.

Esta comisión, centrada en investigar cómo llegó Grecia a firmar los sucesivos programas de rescate, fue una de las promesas electorales de Syriza antes de llegar al poder tras las elecciones generales del 25 de enero.

Mientras tanto, en Bruselas impera la rumorología sobre cuál es la agenda real de Varoufakis en una nueva semana que ha sido definida como clave.

La Comisión Europea insistió ayer en el discurso de que corresponde a Atenas «dar un paso» en las negociaciones en curso con sus socios del euro, según aseveró uno de los portavoces comunitarios.

Se le insta a definir la lista definitiva de reformas a las que se comprometerá, a cambio de desbloquear un nuevo tramo de ayuda urgente del rescate.

El vicecanciller alemán ve «tonto» fijar en 278.000 millones el coste de la ocupación nazi

Una batalla paralela entre Grecia y Alemania es la que se libra en torno a la demanda de indemnizaciones pendientes por la ocupación nazi. Dando un nuevo paso adelante, el Parlamento y el Tribunal de Cuentas han fijado esta cantidad: 278.700 millones de euros. Y la respuesta del vicecanciller y ministro de Economía, Sigmar Gabriel, ha consistido en señalar que «lo encuentro tonto».

Según informó el viceministro de Finanzas griego, Dimitris Mardas, de estos 278.700 millones de euros, 10.300 millones corresponden al préstamo forzoso que los nazis impusieron a Atenas y que solo fue devuelto en su primer tramo. El Ejecutivo griego exige además reparaciones a las víctimas y también por la devastación de infraestructuras, algo obviamente muy difícil de medir siete décadas después.

Mardas recordó que en la Conferencia de París en 1946, en la que se trazó el mapa político de después de la guerra, se había calculado que el monto de las reparaciones ascendían a 341.200 millones de euros.

El Gobierno alemán ha sostenido repetidamente que la disputa sobre las reparaciones es una cuestión que está cerrada y alude a que ya satisfizo a Grecia con un pago en 1960 de 115 millones de marcos. Ayer, conocido ya este cálculo, Sigmar Gabriel (que además preside el SPD), utilizó un tono un poco más alto que el habitual al calificar el asunto de «tonto», aunque a continuación quiso mostrar su «respeto» por la población griega y su comprensión con los problemas provocados por los ajustes.

Para el vicencanciller alemán, esta reivindicación debe ser interpretada como un ardid del Gobierno griego para tratar de condicionar el «debate sobre la estabilización del euro», introduciendo una cuestión que en su opinión «no tiene nada que ver con la II Guerra Mundial y con las reparaciones».GARA

Tsipras y Putin hablan hoy de finanzas y más temas

Aunque la Comisión Europea lance mensajes que aparentan despreocupación, se mira con mucho recelo la visita hoy a Moscú del primer ministro griego, Alexis Tsipras, ante la hipótesis de que el acercamiento a Rusia dé pie a una alianza o abra al menos un plan B de financiación. De hecho, las dos partes utilizan un discurso ambivalente, en el que al mismo tiempo que niegan que Grecia vaya a pedir dinero a Rusia aseguran en la mesa de diálogo «el ámbito financiero-crediticio será uno de los abordados, porque las relaciones son polifacéticas», en palabras del portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Tsipras será recibido por Putin y se especula con opciones como una reducción del precio del gas ruso a Grecia o la compra de activos helenos.

Preguntada por la cumbre, la portavoz de la CE Annika Breidhardt respondió en estos términos: «¿Por qué Grecia no va a tener una buena relación con Rusia? No tenemos comentarios que hacer».