Tras este primer paso se iniciará el trámite habitual, con la apertura del plazo de enmiendas, que según ha apuntado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se cerrará tras las elecciones municipales y forales, en torno al 27 de mayo. En la sesión no ha estado presente ningún integrante del Ejecutivo. «El Gobierno ha sido cobarde», ha criticado el diputado del PNV Joseba Agirretxea.

La propuesta trata de la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente para que la interrupción del embarazo vuelva a ser una de las tres excepciones en que las jóvenes de 16 y 17 años requieren del consentimiento paterno para someterse a un tratamiento, junto a las técnicas de reproducción asistida y los ensayos clínicos. En la actualidad, se les exige que informen a al menos uno de los tutores legales, salvo que demuestren «fundadamente» que existe un conflicto grave, como el maltrato.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, ha argumentado que en la adolescencia no se tiene «ni la capacidad ni la serenidad suficiente» para asumir «en solitario» una decisión como el aborto. Ha criticado que la ley vigente «asume como régimen general las situaciones excepcionales de padres maltratadores como si fuera la generalidad de todos los españoles» e impide así al resto «ejercer la patria potestad».

No todos en su grupo están de acuerdo, ya que piensan que la reforma se queda corta porque refrenda el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. Entre los cinco ‘discolos’ está José Eugenio Azpiroz, parlamentario por Gipuzkoa. Cuatro se han abstenido y una, la edil madrileña Eva Durán, ha votado en contra.

El PP ha conseguido sumar los respaldos de los seis diputados de Unió, del de Foro Asturias y de Carlos Salvador (UPN). El parlamentario navarro ha reclamado además al PP que «se pueden hacer muchas más cosas» para «reconocer la dignidad de los que, siendo iguales, si pudieran hablar pedirían una mano amiga con la que ayudarles a dar los primeros pasos».

El resto de formaciones se ha mostrado opuesto a la reforma, aunque los diputados de Convergencia (CDC) tenían libertad de voto y se han dividido. La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, la ha definido como «juego de trileros» con fines electorales. Desde la bancada de Amaiur, Onintza Enbeita ha indicado que «el PP confunde derechos con derechas, y a más reclamo de derechos más derecha nos meten con la ley del embudo», y ha defendido que «las jóvenes lo que necesitan es libertad para decidir sobre ellas mismas, para elegir lo que quieren ser sin ninguna imposición».

El portavoz de Igualdad del PNV, Joseba Agirretxea, ha denunciado que «con esta proposición se aumentará el número de abortos ilegales y se aumentará la inseguridad con un grave riesgo y se salvaguardó en ese artículo que quieren cambiar».

La anécdota la ha protagonizado Pedro Sánchez. El líder del PSOE se ha equivocado de botón y ha votado a favor de la propuesta del PP.

Las clínicas denuncian «el riesgo y la desprotección» de las jóvenes

La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha criticado la iniciativa presentada  por el Grupo Popular ya que «pone en riesgo y ahonda en la desprotección» de las entre 400 y 500 jóvenes de 16 y 17 años que cada año se someten a esta intervención sin el consentimiento de sus padres.

Según estudios realizados por esta entidad, de los 108.690 abortos que se registraron en el Estado español en 2013 sólo el 3,6% eran mujeres de 16 y 17 años y, de ellas, tan sólo un 12,38% no informaron a sus padres de la interrupción, lo que representa un 0,44% del total de abortos.

«Casi el 90% de las menores informaron y vinieron acompañadas por su tutores a interrumpir su gestación; por lo que el PP viene a proteger a unas menores, las que pueden y comunican a sus padres la situación, que ya están protegidas; y viene a poner en riesgo y a ahondar en su desprotección, a las menores que la actual Ley ampara», ha defendido ACAI.

Además, las clínicas recuerdan que las principales razones para no informar de su situación son el desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna/materna invalidante, padres abiertamente contrarios al aborto provocado o padres que por voluntad propia renuncian a conocer y a acompañar a la menor.