La Diputación ha informado en un comunicado de que la Abogacía del Estado, a iniciativa del delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, recurrió a finales de 2014 la norma foral de octubre de ese año que unificaba los criterios sociales que deben cumplir las empresas para obtener contratos con la institución guipuzcoana.

En virtud de esa norma, se valora que las empresas que concurran en un concurso público tengan en cuenta criterios de igualdad, de cuidado del medio ambiente, de respeto a las condiciones laborales de sus trabajadores, de garantía de los derechos lingüísticos o en favor de los colectivos en riesgo de inclusión social, señala.

La Diputación ha indicado que el TSJPV ha concluido el proceso porque el recurso fue presentado «fuera de plazo», un hecho que, a juicio de la diputada de Administración Foral y Función Pública, Garbiñe Errekondo, «es una muestra clara de sinsentido».

Errekondo ha señalado que Urquijo, que ha promovido una veintena de recursos contra diversas decisiones de la Diputación, «recurre ciegamente todas las determinaciones que pongan en entredicho la obediencia al Estado español».

Recuerda en este sentido que el pasado mes de abril un juzgado de Donostia no admitió un recurso de la Abogacía del Estado contra la intención expresada en 2012 por la Diputación guipuzcoana de abonar la paga extra a su funcionariado por «no haber ningún acto administrativo que recurrir» y en la que, agrega el comunicado, se presentaron como prueba «recortes de prensa» que no fueron considerados válidos.