La votación al final de una sesión ha comenzado en la madrugada de este viernes con gran retraso debido a las diferencias sobre el proceso parlamentario, es un requisito que las instituciones han fijado como preludio a la decisión de la eurozona.

La sesión empezó en la mañana del jueves con el debate en las comisiones parlamentarias, donde ya estuvo marcada por el enfrentamiento entre la presidenta del Parlamento, Zoe Konstandopulu, y algunos miembros del Gobierno.

Konstandopulu, que previsiblemente votará en contra del rescate, expresó su descontento sobre el procedimiento parlamentario escogido por el Gobierno para tramitar la ley del rescate (la vía de urgencia) y propuso que la votación se celebrase el viernes por la mañana.

El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, defendió el rescate y aunque reconoció que se trata de un «acuerdo muy difícil», sostuvo que el Gobierno ha obtenido algunos logros como la relajación de los objetivos presupuestarios o la eliminación del pago de 5 euros por cada hospitalización.

Por su parte, el titular de Economía, Yorgos Stathakis, destacó que el país se encontraba en un callejón sin salida debido a la enorme deuda a la que tenía que hacer frente y al cumplimiento de los superávit, y recalcó que el objetivo de Ejecutivo ha sido siempre la permanencia del país en el euro y su vuelta al crecimiento.

La legislación establece un máximo de 10 horas para el debate de esta ley y aunque en principio la votación se había fijado para las 6.00 de esta mañana (hora de Euskal Herria), lo más probable es que se alargue a la espera del discurso del primer ministro, Alexis Tsipras, que podría ser la última intervención antes de que se vote.

Se espera que el rescate obtenga la amplia aprobación del Parlamento, porque, aunque muchos de los diputados del gobernante Syriza han afirmado que votarán en contra de las medidas, cuenta con el respaldo de la oposición de conservadores, liberales y socialdemócratas.

Los diputados disidentes de Syriza han mostrado su rechazo a que el Gobierno haya acordado con los acreedores emprender duros ajustes a cambio de recibir este rescate.

Estas medidas pasan por la reforma de las pensiones que implica recortes en las prestaciones, el aumento del IVA o la creación de un fondo de privatizaciones que incluya los activos más valiosos del país como los puertos y los aeropuertos.

Si finalmente obtiene luz verde de la eurozona, el rescate tendrá una vigencia de tres años y proporcionará créditos por un valor de hasta 86.000 millones de euros, que servirán en su mayor parte para pagar deudas.