Enajenados, o quizá demasiado enterados de la realidad de Puerto Rico, muchos gurús de la ingeniería financiera global pronosticaban, como se dice, hasta ayer mismo, el nacimiento de un «nuevo Singapur» en el Caribe. Hacían referencia al país del Océano Índico que tras independizarse de Malasia en 1965 ha tenido un crecimiento económico imparable. «Nuevo Singapur» era el eslogan promocional del escaparate caribeño, un paraíso fiscal sin igual a nivel internacional.

El recurso a echar mano de Singapur resulta, cuando menos, sospechoso y reiterativo: hay quienes, sin sacar lecciones de lo que ha ocurrido en Puerto Rico, auguran ya que Cuba será el nuevo Singapur.

El influyente “The New York Times” vaticinaba en sus páginas de economía hace escasamente un año que Puerto Rico «como paraíso fiscal» estaba haciéndose popular, que multimillonarios inversionistas como Paul Johnson habían apostado fuerte al invertir masivamente. Este llamaba a sus colegas a «no meter dinero en América Latina o en el Caribe», pero sí en Puerto Rico. «Aquí los fondos de inversión estamos bien protegidos, estamos bajo la bandera estadounidense y rigen las leyes federales de EEUU».

Vendían las bonanzas de la perversa política económica del «trickle down effect», o de la filtración, defendían la premisa de que los beneficios de esa apuesta que incentivaba fiscalmente a los mayores prestamistas del mundo se irían gradualmente filtrando a sectores sociales desventajados.

En su lugar ha llegado el desastre económico a la isla caribeña. El propio gobernador, Alejandro García Padilla, acaba de decirlo muy claro: «estamos inmersos en una espiral de muerte», con una deuda «impagable» de 73 mil millones de dólares. La crisis de deuda puertorriqueña, como la que conoció Argentina, o la que viven Grecia o Detroit, ha hecho que un sinnúmero de fondos de inversión se acerquen como buitres a maximizar agresivamente sus beneficios.

El Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico ha informado claramente de cómo son los mismos «buitres», los mismos cuatro fondos de inversión –Aurelius Capital, Monarch Alternative Capital, Canyon capital y Three Funds– quienes han invertido masivamente en Argentina, Puerto Rico, Detroit o Grecia. Extorsionan literalmente para que la isla boricua no pueda reestructurar su deuda y se aprestan a dictar «recomendaciones» de cómo debe actuar Puerto Rico para pagar sus deudas e intereses. Así se aseguran la apropiación y extracción de la riqueza, el botín carroñero.

Con el dogma neoliberal en un puño, los ciudadanos boricuas ya saben lo que les espera: bajar salarios, achicar pensiones, precarizar empleos, pagar más impuestos y reducir servicios públicos. El costo de todas esas políticas que la gente nunca ideó ni fueron sus beneficiarios, además de la económica, generará una crisis humanitaria y demográfica en el pequeño país de 3,6 millones de habitantes. Millares de puertorriqueños no tendrán más remedio que emigrar. Hay quienes hablan de un éxodo económico que puede hacer que dos tercios de los puertorriqueños emigren hacia EEUU.

Fiasco político

Además del desastre económico, no puede obviarse el fiasco político de un estatus –el de Estado Libre Asociado– peculiar. Como territorio, Puerto Rico pertenece a EEUU pero, a efectos legales, sus habitantes no son nacionales de EEUU. Su sentimiento de pertenencia también es claro: se consideran puertorriqueños, no estadounidenses. No celebran el Cuatro de Julio como fiesta nacional. El Congreso de Washington ejerce los poderes sobre la isla boricua y define sus atribuciones. Parece complicado, pero hablando claro, en román paladino, puede decirse que Puerto Rico es una colonia donde la metrópoli impide a sus habitantes decidir sus propias alternativas y usar sus recursos soberanos como lo hacen sus vecinas repúblicas caribeñas.

Es cierto que la palabra colonia hace referencia a conquistadores y peregrinos, a esclavos e imperialismo, pero el anacronismo no es tal en Puerto Rico, donde las conversaciones diarias hablan de un inestable presente y de un incierto futuro. Así pues, aunque ahora se hable de rescate financiero y otras recetas «técnicas», en el fondo queda pendiente el gran meollo de la cuestión: el de articular un proceso de transición que convierta a Puerto Rico en una república independiente y sostenible.

Esta situación de dependencia colonial tiene derivadas económicas muy concretas que ha incidido decisivamente en el «default», en la bancarrota de Puerto Rico. El status quo no solo fomenta la desigualdad social, también es insostenible.

Tomemos, por ejemplo, dos leyes de EEUU cuya aplicación condiciona negativamente la situación. La ley de Cabotaje, por el cual se obliga a Puerto Rico a utilizar la Marina Mercante de EEUU, que es especialmente cara y que tiene una influencia muy negativa en la producción de frutas al hacerla dependiente de las rutas marítimas, los costos y los tiempos de navegación de los mercantes estadounidenses. La Ley de Quiebra, según la cual las corporaciones municipales puertorriqueñas no tienen derecho a acogerse a un sistema que permita reestructurar la deuda y de tomar otras medidas porque, según el Tribunal Federal de EEUU, es algo inconstitucional y solo pueden utilizar ese recurso los territorios. Eso es precisamente lo que acaba de hacer la ciudad de Detroit (Michigan), algo que se prohíbe a las municipios puertorriqueños. Estos, por tanto, no tienen derecho a auxilio por bancarrota. A lo mucho, pueden esperar ser «asesorados».

«Volarlo y empezar de nuevo»

Esta relación «única» entre Puerto Rico y EEUU, unida a la bancarrota, ha hecho que política, económica y moralmente se haya extendido la idea de que todo está corroído, de que no sirven medidas técnicas y asesoramiento interesado para salir de una «espiral de muerte» que hasta el propio gobernador reconoce.

Son varias las metáforas que se podrían utilizar para describir la situación: la de un programa de rehabilitación de drogas, en el que todos saben que por mucho que se inyecten millones de dólares, la anemia económica no permite pagarlos, que es imposible atender a la vez a los «fondos buitres» y mantener abiertas las escuelas. O la del que ha comenzado a construir una casa y a mitad de obra no sabe como terminarla y se lleva consigo un sentimiento de que lo mejor es volar toda la casa y empezar de nuevo, sobre otras bases.

Así las cosas, los mercados tienen asumido que Puerto Rico se encamina hacia un incumplimiento de pagos a los «fondos buitres» que compraron deuda puertorriqueña porque eran libres de impuestos. El agravamiento de la economía y la baja de su calificación crediticia son imparables, y aunque el gobernador García diga que «esto no es política, es matemáticas», parece evidente que el debate político de fondo, el que cuestiona el estatus de dependencia, está servido en el menú. Y se radicalizará.

Visto desde Europa, mirándose en el espejo de Grecia, la equiparación de Puerto Rico resulta demasiado tentadora. Sus deudas son insostenibles, el empleo público y las pensiones decaen sin parar, los impuestos se evaden en cantidades industriales, falta infraestructura moderna, sus mejores cerebros emigran en busca de mejores oportunidades, todo esto resulta realmente familiar a este lado del Atlántico. Son problemas estructurales que se venían venir, es una crisis en «slow motion», y solucionarlos costará años y un nuevo punto de partida.

No obstante, hay diferencias claras en la forma en que EEUU y la UE han enfocado estas crisis tan distantes y ahora tan iguales. La UE ha demostrado tener muy poca flexibilidad intelectual en relación a la crisis griega, podía habérsele ofrecido hace años una quita significativa de su deuda, podía haberse evitado que su Producto Interior Bruto no cayera un 25% desde 2007. Nada de esto se hizo y hoy, con un tercer rescate en marcha, está por ver si las cosas mejoran.

EEUU, por su parte, se apresta a aprobar una legislación especial que permita a Puerto Rico tener acceso a sus tribunales para declarar la bancarrota. Obama ya ha anunciado que su deuda será reestructurada y que el acceso al dinero está asegurado para la isla caribeña. Exige reformas, pero apuesta por la quita de deuda y no ha cortado el grifo de las ayudas.

A diferencia de lo que ha sido y es Grecia para Europa, Puerto Rico será para EEUU una cuestión menor, una atracción secundaria. El crecimiento de la economía de EEUU, China y su antagonismo con Rusia coparán el interés. A la vista de las evidencias, no puede decirse lo mismo de Grecia.

Los gobernantes puertorriqueños suben a Washington estos días para pedir «mayores poderes soberanos» con más urgencia que nunca. Son territorio, pero no Estado de EEUU. Lo llaman Estado Asociado Libre, pero de Estado soberano tiene poco, y de libre, menos. Grecia también ha perdido mucha soberanía. Ambos casos demuestran que el desastre económico viene de la mano del fiasco político de la falta de soberanía.