Un mes de enorme expectativa, con una ventana absolutamente abierta para sellar definitivamente el conflicto armado, y una legislatura entera para acabar dejándolo irresuelto. Si el PP acaba perdiendo La Moncloa en las elecciones de diciembre, este será el balance. La redada de ayer en Baigorri, en la recta final del mandato de Mariano Rajoy, pone la guinda a una estrategia de huir de la solución al conflicto, complementada además con la de tierra quemada. Una política que se hizo visible desde el inicio, con la negativa a una negociación técnica que derivó en la expulsión de la interlocución de ETA de Noruega, y que se contrapone con las sucesivas acciones unilaterales y ofertas de la organización para encarrilar cuestiones clave como el desarme.

Si el PP cae, por tanto, su sucesor heredará un problema aún totalmente abierto, que se manifiesta especialmente en todo el armamento aún en poder de ETA y en los más de 400 presos y presas, en las cárceles y además dispersados. La afirmación del ministro de Interior de que la redada de ayer debe entenderse como «el acta de defunción de ETA» intenta ocultar toda esta realidad.

Y, sin embargo, ninguno de los antecesores de Rajoy soñó siquiera con una oportunidad tan madurada, ni un camino tan sencillo. La Declaración de Aiete se limitaba a pedir al Gobierno español que si ETA dejaba definitivamente la lucha armada, como ocurriría en solo tres días, le «diera la bienvenida» y «aceptara iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto». Rajoy, sin embargo, impuso también en este asunto su norma habitual de no hacer nada, aun a riesgo de que sus problemas se pudran. Y tras dejar pasar 2012 sin mover un dedo, a inicios de 2013 optó por escenificar su negativa a ese diálogo técnico forzando la expulsión de Noruega de la interlocución de ETA. Vistos los hechos posteriores y la redada de ayer, poca duda cabe de que fue la comunidad internacional la que le impidió que detuviera ya entonces a los responsables de la organización.

Sellada a cal y canto la opción de negociación, Madrid también tenía la opción de dejar hacer, de modo que las soluciones se fueran abriendo paso con cierta naturalidad. Sin embargo, en el frente carcelario ha bloqueado incluso la excarcelación de presos enfermos y se ha enfrentado a Europa en el asunto de la «doctrina Parot» o en el más reciente del descuento de condenas. Y en paralelo intenta impedir el desarme con iniciativas como la persecución judicial a los verificadores internacionales o la operación policial de julio en Orzaize.

¿Cómo ha respondido ETA a todo ello? No precisamente cayendo en la provocación, sino moviendo las fichas que están en su mano. Resulta curioso que los únicos avances sustanciales de los que pudiera jactarse hoy el ministro hayan sido decisiones unilaterales de la organización, como el desmantelamiento por su cuenta del aparato que usó durante décadas para atentar o la prueba gráfica del inicio del sellado e inventariado.

Ni la expulsión de Oslo sacó a ETA de su carril; la tomó como algo «que atrasa y dificulta la resolución». Con las dificultades que atestiguan los verificadores internacionales, ha ido dando sus pasos. El último, en mayo, ofrecer un «diseño compartido de desarme».