La secretaria del exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato, Teresa Arellano, y Miguel Ángel Montero, gerente de confianza y supuesto nuevo testaferro del exministro, han sido detenidos por la Guardia Civil para declarar en relación con una supuesta trama de pagos al ex director gerente del FMI.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha interrogado a Montero durante una hora y media y, posteriormente, a la secretaria personal de Rato aproximadamente una hora, según fuentes jurídicas citadas por Efe.

Ambos fueron llamados a declarar el miércoles, antes de que ayer por la tarde se interrogara a Rato, también ante la Comandancia en Tres Cantos (Madrid) de la Guardia Civil, que le atribuye un presunto delito de corrupción entre particulares.

La Guardia Civil detuvo el pasado miércoles al nuevo presunto testaferro y a la secretaria de Rato, imputados por los delitos de corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, a quienes trasladó a las dependencias policiales de Tres Cantos (Madrid). Ayer por la tarde también interrogaron a Rato, en las mismas dependencias policiales.

Este delito que se imputa ahora a Rato es el mismo por el que su presunto testaferro Alberto Portuondo permanece en prisión preventiva desde el pasado mes de agosto por orden del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en relación con el cobro de comisiones de las empresas proveedoras de publicidad para Bankia, Zenith y Publicis.

Por el momento se desconoce si los hechos por los que el exvicepresidente declaró el jueves y han sido detenidos sus colaboradores más cercanos son los mismos que ya investiga el juez o son nuevos.

Hasta el momento, el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, atribuye a Rato delitos contra la Hacienda Pública y también presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, por lo que la imputación al exmandatario de esta conducta, de corrupción entre particulares, sería novedosa.

Rato fue detenido el pasado mes de abril aunque solo permaneció arrestado durante el tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho, unas siete horas. Esta medida se produjo tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid.