En su informe final, la comisión parlamentaria concluye que Petrobras fue víctima de un «cartel» formado por las principales empresas contratistas del país «con la complicidad de algunos empleados de la compañía» estatal.

El informe, que tiene 754 páginas, será sometido a votación el próximo jueves por la comisión, que está formada por 27 diputados, en su mayoría oficialistas, y que podría introducir enmiendas en el texto.

Nóbrega ha leído el resumen del informe, que también exculpa del escándalo a los expresidentes de Petrobras Graça Foster y José Sérgio Gabrielli y manifiesta que la petrolera fue «víctima de un cartel» formado por constructoras «con la complicidad de algunos malos funcionarios».

Según la Policía Federal, que también investiga el caso, las constructoras obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias entre los directores de la firma estatal y los políticos que facilitaban las corruptelas.

La petrolera ha reconocido en sus balances que, entre 2004 y 2014, la red de corrupción se apropió en forma ilegal de unos 2.000 millones de dólares.

El escándalo ha salpicado a medio centenar de políticos, entre ellos el extesorero del PT João Vaccari, quien ha sido condenado a 15 años de prisión por haber cobrado sobornos en nombre del PT con fondos desviados de la petrolera.

No obstante, la comisión parlamentaria considera en su informe que las investigaciones del pago de sobornos a los partidos políticos fueron «superficiales» y las conclusiones de los investigadores, «exageradas».

Asimismo el informe señala que los delitos cometidos en el caso Petrobras tuvieron «motivaciones de naturaleza personal», con lo que exculpa de responsabilidad a los partidos políticos y las decenas de empresas implicadas por la justicia.

44 personas condenadas

Hasta ahora 44 personas han sido condenadas y otras 123 han sido acusadas formalmente ante la justicia ordinaria por el caso, según un recuento de la comisión parlamentaria.

El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, también ha denunciado ante el Tribunal Supremo a 49 políticos que tienen fuero privilegiado.

La comisión parlamentaria, que tiene por objetivo impulsar medidas legales para evitar nuevos casos de corrupción similares, ha sugerido la adopción de catorce propuestas legislativas, que incluyen un mayor control de la gestión de las empresas estatales y cambios en la ley anticorrupción.

Sin embargo, la comisión ha rechazado recomendar a la justicia que realice nuevas acusaciones contra los implicados, a pesar de que tiene atribuciones para ello.

Los trabajos de la comisión se iniciaron el pasado febrero y han concluido oficialmente esta pasada madrugaad, pero el caso continúa siendo investigado por la Policía, por una corte de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur) y por el Tribunal Supremo, órgano que ha asumido las acusaciones contra los políticos aforados.

Las corruptelas en la petrolera han generado una aguda crisis política y dado fuerza a la oposición para insistir en la apertura de un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, aunque hasta ahora ninguna de las peticiones en ese sentido ha prosperado.