Considera el Alto Tribunal español que la suspensión del debate constituiría «un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido se desconoce».

Los once magistrados del TC se han reunido una sesión plenaria en la que por la mañana han acordado admitir a trámite los recursos de amparo del PP, PSC y Ciudadanos contra la declaración.

Los magistrados han dejado para la tarde su decisión sobre la suspensión solicitada por el PP y Ciudadanos de la Junta de Portavoces prevista para este viernes en el Parlament, que convocará el pleno en el que se votará la resolución independentista.

Por unanimidad han rechazado esta medida por el «riesgo» de que el pleno del próximo lunes apruebe una resolución para iniciar el proceso independentista, ya que la Constitución, argumentan, asigna a cada institución un determinado momento para actuar, que este no es el del TC, sino el del Parlament.

«Es a la propia cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución», recuerdan los magistrados, que destacan que el Parlament es la «sede natural del debate político».

Las asambleas parlamentarias, insisten, «deben vigilar por el cumplimiento de la Constitución y la ley», sin perjuicio «de que la última palabra» corresponde al TC.

En este sentido, apelan a la sentencia que anulaba por inconstitucional la declaración de soberanía adoptada por el Parlament del 23 de enero de 2013.

Los jueces incluyen una advertencia y argumentan que las resoluciones de un poder público, «cualquiera que sea», no afectan a las competencias del Tribunal Constitucional, que «ejercerá, cuando proceda, con prudencia y determinación».

Los magistrados añaden que «el eventual resultado del debate político -la resolución independentista- es una cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate» y, por ello, se oponen a prohibirlo.

También aclaran que, en el caso de que finalmente se resuelvan los recursos de amparo dando la razón a los partidos de la oposición, esa eventual sentencia «conllevaría la declaración de nulidad de todos aquellos actos» que hubieran «lesionado» los derechos de los parlamentarios.

En ese caso, el TC adoptaría «las medidas precisas para restablecer» a los parlamentarios afectados «en la integridad de sus derechos y facultades como miembros de la Cámara» y podría «remediar la desconexión» de Catalunya «respecto del orden constitucional español».

Si, como es previsible, el Parlament aprueba el lunes la moción, el Gobierno español prevé impugnarla el martes 10 de noviembre.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad mantener la suspensión del decreto para crear el Comisionado para la Transición Nacional, promovido por la Generalitat, y también la ley de Hacienda catalana, que ya habían sido suspendidos en julio tras admitirse a trámite un recurso del Gobierno español.